En un paso significativo hacia la humanización del sistema carcelario en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sancionado una nueva ley que permitirá la sustitución de penas de prisión por trabajo comunitario para mujeres cabeza de familia. Esta medida tiene el potencial de beneficiar a al menos 5,000 mujeres que actualmente se encuentran privadas de su libertad en el país.
La promulgación de esta ley representa un logro importante para el Ministerio de Justicia y un paso hacia la resocialización de las personas que han cometido delitos. Según las reglas establecidas por el Ministerio, las madres que están cumpliendo condenas tendrán la oportunidad de redimir sus culpas trabajando en instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades no gubernamentales.
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El abogado penalista Ricardo Burgos elogió esta iniciativa, calificándola de humanista y enfocada en la rehabilitación de aquellos que han delinquido. Burgos destacó que muchas personas que han cometido delitos provienen de entornos de abandono social y carecen de una guía educativa adecuada.
La nueva ley también identifica los tipos de delitos que serán elegibles para la resarción en el exterior, incluyendo el hurto, el tráfico de estupefacientes y la destinación ilícita de bienes, entre otros. Sin embargo, las mujeres beneficiarias deberán haber sido condenadas a penas de ocho años o menos de prisión por estos delitos.
Si bien todas las madres que cumplan con estos requisitos podrán solicitar este beneficio, la decisión final estará en manos de un juez de ejecución de penas. Además, el decreto establece que las mujeres condenadas por violencia intrafamiliar o que hayan utilizado a menores de edad en la comisión de delitos no serán elegibles para este programa.
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