Por Juan Pablo Liévano
No es caprichoso concentrar los esfuerzos de política pública en esta máxima que pusimos de moda desde la Superintendencia de Sociedades: “más empresa, más empleo”. Es el sector empresarial, y especialmente las sociedades, las que generan gran parte de la riqueza y recaudo tributario que financia el funcionamiento del estado y las ayudas y subsidios a favor de la ciudadanía. La magia para que esto funcione adecuadamente, de manera constante e incremental, se resume en una sola frase: confianza inversionista. Si las empresas y sus dueños sienten confianza, de acuerdo con las señales que envíe y a las actuaciones que realice el nuevo Gobierno, crecerán los negocios, la generación de empleo y el recaudo tributario, y por lo tanto los recursos para la inversión social y el bienestar ciudadano. No existe otra fórmula. Es entonces indispensable generar las condiciones de confianza para la inversión y crecimiento empresarial y no para la desinversión. A la fecha, hay mucho anuncio, de manera descoordinada y desenfocada, cuando se deberían estar mandando los mensajes adecuados respecto a la economía y las empresas. No se trata de crear una plétora de iniciativas, que además son percibidas por muchos como populistas e inconvenientes. No se conocen los contenidos de esas iniciativas, pero se están presentando con títulos pegajosos y llamativos, tales como la “paz total”, la “ley contra el hambre” o la “reforma agraria productiva”, sin descontar el contenido y alcance de la próxima reforma tributaria. Se trata de generar confianza inversionista en el camino correcto, que genere inversión y no desinversión. Respecto a cada una de las iniciativas, la “paz total” no puede generar impunidad y falta de justicia. También debe incluir un manejo adecuado del fenómeno del narcotráfico y los inmensos recursos que genera. La “ley contra el hambre” no debería profundizar el concepto fallido y errado del Estado proveedor e intervencionista en los precios. En su lugar, el esfuerzo debería enfocarse en el fomento a la productividad, el crecimiento empresarial y la generación privada de empleos de calidad. La reforma agraria no puede enfocarse exclusivamente en un sistema agrario de pequeños campesinos y empresarios, pues esto ignora las realidades internacionales y los grandes subsidios en otros países. Por ello, también se debe fomentar y crear las condiciones jurídicas y de infraestructura para que la gran agroindustria opere en el país. Finalmente, en cuanto a la reforma tributaria, hay que evitar más anuncios y proveer el texto de la reforma. Aun no se conoce que contendrá, pero parece que incluirá el impuesto al patrimonio, mayores impuestos a los dividendos y a la renta de las personas naturales, con la eliminación de las cédulas y las deducciones, mayores impuestos a las ganancias ocasionales, impuesto de remesas, impuestos a los activos improductivos y la eliminación de incentivos tributarios a las empresas. En este aspecto, la política pública fiscal debería concentrarse en el fomento a las empresas y su productividad. En síntesis, hay que evitar los mensajes dispersos y tomar los caminos correctos de manera que los inversionistas mantengan la confianza y no se presenten fenómenos indeseables como la fuga de capitales y la reducción de la inversión privada y de los flujos de capital al país.
