POR: Jaime Alberto Arrubla Paucar
Con el propósito de “blindar” los Acuerdos de Paz con las FARC, contra toda técnica de producción normativa, decidieron sus protagonistas, comenzando por el Gobierno de turno, llevarlos a formar parte de la Constitución Nacional; y efectivamente así se hizo por el Acto Legislativo 1 de 2017, quedando nuestra Constitución con más prosa que poesía.
Resulta que en el mencionado Acto Legislativo y en la Ley Estatutaria de la JEP, se consagró el “principio de la no repetición”, en virtud del cual, los guerrilleros firmantes y beneficiarios de las concesiones del acuerdo, se comprometían a no reincidir en su actividad guerrillera. Quienes, habiendo suscrito los acuerdos, decidan alzarse nuevamente en armas como rebeldes, quedan sujetos a la justicia ordinaria y pierden “el acceso al tratamiento especial” en la jurisdicción especial para la paz (Sentencia C-080 de 2018).
Lo que no previeron los negociadores y quienes propusieron este tipo de blindajes, es que algunos reincidirían, quedarían por fuera y ahora nuevamente quieren volver a los acuerdos, pero sucede que ya no les es posible, sin antes tener que reformar la Constitución, como esta sucediendo con la Segunda Marquetalia y el Sr. Ivan Márquez, que hace parte de estas disidencias. Aunque el Gobierno viene adelantando conversaciones, al parecer con reincidentes, el Sr. Márquez fue expulsado de la JEP y, aparte de las dudas que se tenga sobre la sinceridad de dejar las armas, debido al problema constitucional, no podría participar del nuevo proceso de paz que se plantea con los grupos políticos alzados en armas, sino que tendría que hacerlo por el mecanismo del sometimiento, reservado para otros grupos delincuenciales sin connotación política.
En este mismo sentido se pronuncio el Senador y exjefe negociador con las Farc, Humberto de la Calle, quien manifestó: “Ellos tuvieron su oportunidad, el camino que les queda es el del sometimiento, ¿qué se puede negociar con el señor Márquez que no haya sido negociado en La Habana”, señaló.
Pareciera que en un principio la Secretaría Juridica de Palacio fue del mismo criterio; sin embargo algunos de la bancada gobiernista reivindican la potestad presidencial de señalar cual es el ”estatus” que corresponde a los diferentes grupos que pretenden acogerse a la paz total. Señalan que “Hay que hacer una política de paz que no excluya a nadie. Un altísimo número de integrantes o jefes de grupos armados han estado antes en procesos de paz y han vuelto a entrar en armas. Si se creará un criterio excluyente, no se podrían hacer negociaciones prácticamente con nadie”.
La discusión plantea una verdadera antinomia; darle rienda suelta a la política de paz total, pasando por encima de la Constitución o respetar el Estado de derecho reformando la Constitucion como corresponde. Esta es la vara con la que se miden las democracias.
