El doctor en Derecho, Alfredo Vargas, será ponente en la V Bienal Internacional en Educación y Cultura de Paz que se realizará el próximo 30 de octubre en Santa Marga con el trabajo: “el derecho a la verdad y la memoria histórica el caso masacre de los niños patrulleritos de Algeciras-Huila”, quien señala que en este caso hubo responsabilidad Estatal y de las Farc en su momento.
El inhumano hecho, tuvo lugar en la vereda Piedra Sucia del municipio de Algeciras. Esta situación ha dejado una profunda cicatriz en los sobrevivientes del cruel ataque que hoy ya son adultos.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/paula-fue-despedida-con-honores/
La masacre
Se conoció que el mediodía del 12 de noviembre de 1990, integrantes del Frente Segundo de las Farc, emboscaron una camioneta de la Policía que transportaba un grupo de niños a la altura del puente Las Juntas, ubicado sobre la vía que conduce a Neiva. Allí una carga de dinamita ocasionó que el vehículo se saliera de la carretera, luego cerca de 60 guerrilleros dispararon contra sus ocupantes. En el ataque siete personas murieron, otra que resultó herida falleció en el Hospital General de Neiva, y tres más quedaron heridas.
Los menores que sobrevivieron, lograron tirarse a una alcantarilla, mientras los insurgentes disparaban de manera indiscriminada.
Le puede interesar: https://diariodelhuila.com/paula-fue-despedida-con-honores/
Verdades a ‘medias’
En torno a la investigación realizada por el abogado Alfredo Vargas, señala: “en este caso se dijeron verdades a medias. La propia Policía en su momento cuando decidieron conciliar, indicaron que ellos no tenían nada que ver con los homicidios. Lo hacían era como un favor, pues los que habían perpetrado los crímenes, habían sido los guerrilleros de las Farc”.
Luego se expidió una sentencia de reparación directa en la que señala: “el Estado admite que hubo una falla al ingresar a los niños en el vehículo oficial (Policía), que dos de ellos tuvieran prendas camufladas, y estuvieran en un sitio de alta peligrosidad”. Derribando los argumentos que en su momento dio la Policía sobre su responsabilidad en el ataque.
Y es que fuentes oficiales, señalan que Jesús María Artunduaga alias ‘Alberto Murcia’ y Saúl Díaz Guzmán alias ‘Garabato’, ex integrantes del Frente Segundo capturados entre 1992 y 1993, participaron en la masacre. Este Frente junto a otras estructuras de las Farc, conformaron en 1993 el Comando Conjunto Occidental, conocido después del año 2011 como el Bloque Alfonso Cano.
Las víctimas fueron: seis menores con edades entre los nueve y los 14 años, miembros de la Policía Cívica Juvenil del municipio, y dos policías. Los niños eran llevados a sus casas después de participar en la organización de una carrera de ciclismo entre Algeciras y el municipio de Hobo.
Le puede interesar: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/unos-1-000-desplazados-por-hombres-armados-llegaron-a-samaniego-narino-793477
No hay que involucrar a la población
En este sentido, el investigador señala que los autores materiales, fueron hombres del frente segundo de las Farc. Ambos bandos deben pedir perdón a las víctimas, para que se recupere la memoria de los sobrevivientes y de los fallecidos.
“En la investigación, realiza una invitación a la Policía Nacional para que desista de esa práctica (patrulleros cívicos). Los menores no pueden estar vinculados a la Fuerza Pública.”, agregó el litigante. Lo complejo es que todavía hay sitios del país, donde se utilizaría esta figura.
En este caso, el Derecho Internacional Humanitario, habla del principio de distinción y habla que los civiles no pueden portar prendas similares a las de Policía Nacional. “El primer llamado es al Estado para que evite cualquier tipo de contacto con los menores, aunque los grupos al margen de la ley, realizan estas prácticas y la invitación es a que se abstengan de involucrar a seres indefensos”, añadió Vargas.
La ponencia
En el ejercicio de esta investigación, hubo mucha gente que no sabía de esta masacre, ni dónde quedaba el municipio de Algeciras. Esta situación es más pedagógica, y en esa medida ayuda a que estas situaciones no se repitan, destaca el profesional.
En la ponencia titulada: “el derecho a la verdad y la memoria histórica el caso masacre de los niños patrulleritos de Algeciras-Huila”, el investigador logró establecer que la reparación ha sido parcial, muchos de los afectados, tuvieron que desplazarse de Algeciras. “No hubo verdad, porque no hay un reconocimiento sobre la responsabilidad que tuvieron sobre el caso particular (Policía y Farc). Además, es un delito de lesa humanidad, porque son niños de 9, 10 y 11 años de edad, los que murieron allí y estaban indefensos”, añadió el abogado.
Al parecer, los insurgentes en conversaciones interceptadas, manifestaron: “matamos a futuros policía, y había que hacerlo”.
Según Amnistía Internacional, los delitos de lesa humanidad: “son crímenes cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación”. Y se da esta medida para que los delitos no prescriban.
Para él, no hay duda que las víctimas de esta masacre han quedado en el olvido, ya que los sobrevivientes no los reconocen como afectados, en eventos que se han realizado para honrar la memoria de los niños que perdieron la vida.
“Muchos de ellos (afectados), tuvieron secuelas en su cuerpo, heridas, afectaciones psicológicas y nunca fueron reparadas, ni les hicieron acompañamiento sicosocial. La reparación ordenada por el Estado, fue insignificante, algunas víctimas, solo recibieron $4 millones de indemnización”, indica Vargas.
