Un proyecto de resolución para derogar la resolución 110 de 2022 que establecía actividades, requisitos y procedimientos para la sustracción de área de las reservas forestales, la cual, estará abierta a comentarios hasta el 14 de febrero, fue publicado por el Ministerio de Ambiente.
Es importante recordar que la resolución 110 permitía sustraer áreas de reservas forestales (es decir, sacarlas de la reserva) para llevar a cabo actividades de utilidad pública e interés social. Camila Jiménez, asociada senior del área Ambiental de Baker McKenzie, explicó que, en su momento la resolución tuvo muchas críticas y estuvo en firme solo 4 meses antes de ser suspendida por un Juez de la República.
“No había claridad para efectos de realizar este tipo de sustracción. La resolución fue muy criticada porque no establecía procedimientos claros para este proceso y dejaba a un criterio muy amplio la sustracción”, informó.
Este proyecto de resolución plantea que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente hará seguimiento a las áreas donde se haya informado de exploración minera para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como que la información reportada sea correcta. Igualmente, propone un régimen de transición para aquellas solicitudes de sustracción que tengan un auto de inicio en la fecha de entrada en vigencia de la resolución.
Es así como, de esta forma aquellas solicitudes hechas antes de esta fecha se seguirán rigiendo por las normas previas. Es decir, la resolución 110 de 2022. En caso de que se haya presentado la información previa para el desarrollo de actividades de exploración minera, también se seguirán rigiendo por esta norma. “Las áreas forestales tienen una regulación bastante rigurosa en temas de protección que se podría ver afectada”, expuso la abogada experta.
Por tal razón, el objetivo es delimitar más los criterios para que un área de este tipo sea sustraída. “El propósito es básicamente ese, establecer criterios más técnicos y rigurosos que permitan determinar cuándo un área forestal puede ser sustraída para hacer este tipo de actividades y que el Gobierno pueda tener más control”, concluyó.
