La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el domingo anunció que, tras una solicitud hecha el pasado sábado 23 de octubre por la Procuraduría General de la Nación, decretará medidas cautelares con el fin de conservar cualquier rastro o evidencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que fueron arrojadas a los cuerpos de agua del Canal del Dique.
Posteriormente, el ministerio público se pronunció a través de Jairo Ignacio Acosta, funcionario delegado por esta entidad con funciones de coordinación ante la JEP, quien dijo que, si bien esta jurisdicción hizo un pronunciamiento en favor de gran parte de las comunidades adscritas a la Ruta del Cimarronaje, “dejó pendiente tres o cuatro solicitudes que en los próximos días serán objeto de pronunciamiento”.
Una de ellos fue la medida de protección pedidas para líderes y lideresas representantes de la Ruta del Cimarronaje que denunciaron amenazas. Explicó también que, “la JEP le solicite a la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas un cronograma para la identificación de los sujetos colectivos que aún no se han determinado, así como la realización de jornadas pedagógicas para vincular a más víctimas y mostrarles las medidas de reparación preparadas para ellas”.
Es importante precisar que la ejecución de este megaproyecto sigue detenida por la búsqueda de personas extraviadas en el marco del conflicto armado. Al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte tendrán que realizar un protocolo arqueológico de búsqueda junto con demás entidades forenses y de justicia, de acuerdo con lo establecido por el tribunal de paz para el hallazgo de cuerpos. Esa decisión fue tomada, precisamente, en la audiencia de medidas cautelares encabezada por la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llevada a cabo entre el 20 y 21 de octubre con el fin de garantizar el hallazgo de personas desaparecidas y tiradas a este afluente, así como la entrega digna de estos cuerpos a sus familiares.
El magistrado Gustavo Salazar, en la diligencia sentenció que., “las medidas cautelares imponen una realidad que el país debe asumir sin excusas: los megaproyectos, en zonas de alta incidencia de desaparición forzada, tienen una obligación moral como paso para reafirmar los valores de una sociedad: se deben incluir procesos exhaustivos de indagación y búsqueda de posibles víctimas”.
En la misma la JEP ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) mantener al tanto a la Unidad de Búsqueda sobre cualquier intervención que se haga en el Dique a modo de proteger “el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos”.
Hay que recordar que el segundo día de audiencia se dieron a conocer varios hallazgos; uno de ellos fue emitido por el Grupo de Análisis de Información, el cual pudo confirmar que hay al menos 79 espacios donde diversos actores armados retuvieron, torturaron, asesinaron y desmembraron cuerpos. Pero si bien no se tiene detalle sobre quiénes eran las víctimas de esta barbarie, el funcionario Luis Salas determinó que 37 de esos sitios están en Arjona (Bolívar), 14 en Cartagena, 13 en Calamar, 9 en María la Baja (Bolívar), 9 en Guamo (Tolima) y 8 en San Onofre (Sucre).
