La Fiscalía, obtuvo medidas cautelares sobre una serie de bienes vinculados a los exjefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’.
Estas medidas fueron impuestas por la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.
Entre los bienes afectados se encuentran cuatro inmuebles rurales presuntamente relacionados con ‘Jorge 40’, destacándose la finca Matuzalén, ubicada en Sabanas de San Ángel (Magdalena), valuada en 10.292 millones de pesos. Esta propiedad habría sido utilizada como centro de reuniones del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los otros tres inmuebles, conocidos como El Joropo, El Prado y La Pechichona, están ubicados en Sabanas de San Ángel (Magdalena) y en Valledupar (Cesar), y su avalúo supera los 15.127 millones de pesos. Según la Fiscalía, estos activos están registrados a nombre de una empresa y de la esposa de ‘Jorge 40’.
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Por otro lado, se tomaron medidas sobre ocho lotes en la vereda Las Cruces de Filandia (Quindío), con una extensión de 152 hectáreas y un valor de más de 12.171 millones de pesos. Estos bienes se vinculan a terceros y a una empresa con nexos con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, quien fue excluido del proceso especial de Justicia y Paz. La Fiscalía identificó patrones comunes utilizados para ocultar la propiedad de estos activos, incluyendo transacciones, testaferros y la constitución de fiducias.
Todos los bienes afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo serán entregados al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración.
En los últimos tres años y medio, se han decretado medidas cautelares sobre 1.299 bienes, valuados en $1’251.534’845.936, lo que refleja un incremento del 209% en comparación con el período de 2006 a 2019.
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