DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Las múltiples denuncias de los indígenas de Antioquia y sus solicitudes para realizar desminados en sus territorios no fueron efectivas para protegerse. Este 28 de febrero, Plinio Dogarí Majoré, un niño de 13 años perdió su pierna izquierda después de haber pisado una mina antipersonal. El hecho fue reportado por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) que indicó que el menor estaba en compañía de uno de sus profesores, quien también resultó herido, pero en menor gravedad.
“Nos duele informar que uno de nuestros jóvenes Embera Eyábida cayó en una mina antipersonal instalada por el ELN en el Resguardo Río Murindó. Condenamos este hecho con todas nuestras fuerzas, es urgente un diseminado humanitario”, aseguró la OIA en un comunicado oficial.
Según la organización, ambos transitaban por la comunidad Isla, del resguardo Río Murindó, ubicado en el municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, cuando el menor pisó el explosivo. La Guardia Indigena traslado a las víctimas a un centro de salud de forma inmediata, que a su vez remitió a Plinio a un hospital de mayor complejidad por la gravedad de sus heridas.
Aunque las autoridades no han emitido información oficial acerca del hecho, la OIA asegura que el responsable de este ataque es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes los amenazaron desde inicio de año.
“Desde el mes de enero anunciaron, a través de un panfleto y un audio de WhatsApp, el peligro que correrían las comunidades si no permanecían confinadas en sus tambos”, aseguró la organización.
Esta situación no es nueva, pues vienen denunciando que subversivos están intentando “romper el proceso organizativo de las comunidades” desde mediados de 2019. Además, no solo sucede en el resguardo indígenas de Murindó, sino también en los municipios de Dabeiba, Urrao, Frontino y Vigía del Fuerte.
Uno de los últimos llamados de atención de los indígenas antioqueños fue hace dos semanas, el 11 de febrero, cuando se declararon en minga para exigir que el Gobierno, tanto nacional como local, los proteja porque no pueden transitar por sus territorios tranquilamente sin correr el riesgo de ser víctimas de minas antipersona.
“En nuestros llamados hemos sido enfáticos en señalar que los pueblos y territorios indígenas deben ser escenarios de paz y rechazamos la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales”, manifestó Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos y Paz de la OIA, en ese momento.
Los miembros de los resguardos han estado confinados desde las últimas amenazas, pero no pueden permanecer mucho tiempo dentro de sus casas porque los menores deben estudiar y los adultos encargarse de las actividades de abastecimiento. Los líderes indígenas han expuesto esta situación al Gobierno nacional para convocar con urgencia una misión de acompañamiento a las comunidades afectadas y solicitaron ayuda humanitaria, pero no recibieron una respuesta concreta.
La OIA asegura que la mina de la que fue víctima Plinio y su docente “agrava la situación que vienen denunciando” y reiteraron que es necesario hacer un desminado humanitario de forma urgente.
A inicios de mes, cuando se hizo esa petición, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó que esto no es posible por el momento debido a la presencia de grupos armados en la zona. La alternativa del mandatario es realizar un desminado militar, idea que apoya el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz Mateus.
Mientras los indígenas antioqueños piden protección del Gobierno, también exigen la salida de los grupos armados de sus territorios y que se les haga un acompañamiento permanente.
“Hacemos un llamado urgente a la institucionalidad regional y nacional y a las organizaciones humanitarias defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que hagan acompañamiento humanitario a las comunidades indígenas del municipio de Murindó”, finaliza el comunicado emitido por la OIA este domingo.
Este panorama violento que se vive en el Urabá antioqueño es propiciado por estructuras armadas ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrós, el ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se disputan el control de esa subregión. Esta zona es muy importante para los delincuentes porque es un punto estratégico para realizar actividades relacionadas al narcotráfico y la minería ilegal.
