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Menor sufrió amputación por mina antipersonal

Ago 26, 2024

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Menor sufrió amputación por mina antipersonal. Una niña de 9 años fue atendida por unidades del Batallón de Alta Montaña N°9 en Guayabal, San Vicente del Caguán luego de sufrir una grave lesión por la explosión de una mina. La menor se encuentra bajo observación en el Hospital Universitario de Neiva.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO

Por: Gustavo Patiño.

Una niña de nueve años fue gravemente herida tras pisar una mina antipersonal en la vereda Cristo Rey, inspección de Guayabal, en el municipio de San Vicente del Caguán Caquetá. La explosión le causó la amputación de su pierna derecha, un hecho que ha conmocionado a la comunidad y ha generado un repudio generalizado hacia el uso de estas armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario – DIH.

El pasado sábado 24 de agosto, aproximadamente a las 4:30 a.m., la mañana en la vereda Cristo Rey se vio brutalmente interrumpida por la explosión que, en cuestión de segundos, cambió la vida de una niña y su familia. La comunidad, desesperada por la situación, contactó a las autoridades militares, quienes respondieron de inmediato. Tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9 de la Novena Brigada, perteneciente al Ejército Nacional, llegaron al lugar y prestaron los primeros auxilios a la menor.

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La llevaron a Neiva

El rápido accionar del Ejército fue crucial para estabilizar a la niña, quien presentaba una amputación traumática del tercio distal de su pierna derecha. Sin perder tiempo, se coordinó una evacuación aérea con el apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.º 5, trasladando a la víctima desde la zona rural hasta Neiva, donde recibió atención médica especializada.

La menor fue ingresada de urgencia al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, que cuenta con recursos médicos para atender emergencias de este tipo. El personal asistencial, consciente de la gravedad del caso, activó de inmediato la ruta de atención integral para casos de trauma severo. La paciente fue llevada directamente al quirófano, donde un equipo de ortopedistas y traumatólogos trabajó incansablemente para controlar el daño causado por la explosión.

Bajo observación

El Gerente del hospital, Juan Diego Fierro Oliveros, emitió un comunicado oficial en el que informó sobre el estado de la menor: «El sábado 24 de agosto recibimos una paciente femenina de 9 años, procedente de Guayabal, San Vicente del Caguán, Caquetá, con una amputación traumática del tercio distal del miembro inferior derecho. El sangrado fue controlado y se procedió a realizar una remoción a nivel del tercio medio del mismo miembro. Actualmente, la paciente se encuentra estable, aunque con compromiso por encima del nivel de amputación, y permanece bajo vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos», apuntó la comunicación del centro médico de tercer nivel.

La tragedia que vive esta niña ha tocado el corazón de muchas personas, incluida la comunidad educativa de la institución a la que asiste, la Escuela Cristo Rey en Guayabal. A través de las redes sociales, la escuela lanzó un llamado urgente para recolectar fondos destinados a cubrir los costos de la recuperación de la menor. «Ayuda urgente para una estudiante de la sede Cristo Rey, quien sufrió un accidente por pisar una mina antipersonal y necesita apoyo económico para su recuperación. Cualquier contribución es bienvenida. Gracias por tu generosidad», decía el mensaje publicado, que incluía un número de Nequi para donaciones: 3102503947.

El problema de las minas

El uso de minas antipersonal en Colombia ha sido una práctica ampliamente condenada tanto a nivel nacional como internacional. Estas armas, diseñadas para mutilar y matar indiscriminadamente, son una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, que establece normas estrictas para la protección de la población civil en conflictos armados.

La Novena Brigada del Ejército Nacional no tardó en emitir un comunicado en el que rechazaba enérgicamente este acto. “La Novena Brigada rechaza este tipo de actos en los que los niños, niñas y adolescentes, siendo grupos de especial protección constitucional, resultan víctimas de las acciones de estos grupos armados organizados, por lo que el Ejército Nacional procederá a instaurar la denuncia ante las autoridades competentes]”, expresó el comunicado.

El uso de minas antipersonal está prohibido bajo el Derecho Internacional Humanitario debido a su naturaleza indiscriminada y su potencial para causar daño a civiles mucho tiempo después de finalizado un conflicto. La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, también conocida como la Convención de Ottawa, adoptada en 1997, es el principal tratado que prohíbe la producción, almacenamiento, uso y transferencia de estas armas. Colombia es uno de los países signatarios de este tratado y ha realizado esfuerzos significativos para eliminar las minas en su territorio, aunque aún enfrenta desafíos debido a la continua presencia de grupos armados ilegales.

Amenaza latente

A pesar de estos esfuerzos, las minas antipersonal siguen siendo una amenaza real en muchas áreas rurales de Colombia, donde grupos armados ilegales continúan utilizándolas como una estrategia de guerra. Estos grupos las emplean para proteger sus territorios y actividades ilícitas, como el narcotráfico, sin importar las devastadoras consecuencias que estas armas tienen para la población civil, especialmente para los niños y niñas, quienes son particularmente vulnerables a este tipo de ataques.

Colombia es uno de los países más afectados por las minas antipersonal en el mundo. Una herencia dolorosa del conflicto armado que ha asolado al país durante más de cinco décadas. Según cifras del Observatorio de Minas Antipersonal de Colombia. Desde 1990 hasta la fecha, más de 11,000 personas han sido víctimas de estas armas en el país, de las cuales un 40% son civiles. Entre ellos, un número significativo son menores de edad, que a menudo encuentran estas minas mientras juegan o caminan por las zonas rurales.

Según el Observatorio de Minas Antipersonal, desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Aproximadamente 1,000 personas han sido afectadas por minas antipersonal en Colombia. Estas cifras incluyen tanto civiles como miembros de la fuerza pública. Y demuestran que, a pesar del acuerdo las minas siguen siendo una amenaza significativa en el país. Debido a la actividad de otros grupos armados ilegales. Como las disidencias de las FARC, que vienen operando en la zona donde ocurrió el hecho del pasado sábado.

Afectaciones graves

El impacto de una mina antipersonal va más allá de la explosión inicial. Las víctimas suelen enfrentar una vida de sufrimiento debido a las graves heridas, que a menudo incluyen amputaciones y otras discapacidades permanentes. Además del trauma físico, las víctimas y sus familias deben lidiar con el trauma psicológico. Y los desafíos económicos que surgen de las consecuencias de la explosión. La falta de acceso a servicios de salud adecuados, rehabilitación y apoyo psicológico en las zonas rurales exacerba aún más la situación.

El Gobierno colombiano ha trabajado en varios frentes para abordar el problema de las minas antipersonal. Uno de los principales esfuerzos ha sido el desminado humanitario, un proceso que involucra la remoción y destrucción de minas en las áreas afectadas. Sin embargo, este es un trabajo arduo y peligroso que avanza lentamente debido a la extensión del territorio y las condiciones geográficas difíciles. Además del impedimento por la presencia de grupos armados en estas regiones.

En el departamento del Huila. El municipio de Colombia fue entregado por el Batallón de Desminado Humanitario Número Cinco como un municipio libre de minas antipersonal. El pasado mes de julio el coronel Julián Leonardo Martínez comandante del Batallón de Desminado. Señaló que el municipio de Baraya avanzaba en un 87% en desminado. Y que se espera que para el mes de diciembre ya esté libre de minas.

Adicionalmente, organizaciones civiles y ONGs han desempeñado un papel crucial en la atención a las víctimas de minas antipersonal. Estas organizaciones proporcionan apoyo médico, rehabilitación y asesoramiento a las víctimas, así como programas de educación y sensibilización para prevenir futuros accidentes.

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