La Defensoría del Pueblo ha lanzado una grave advertencia a través de la Alerta Temprana (AT) 015 de 2024, que señala un alarmante riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes (NNA) y jóvenes en los municipios de Íquira (Huila) y Páez (Cauca).
Estas áreas rurales, habitadas por comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, están en el punto de mira de las disidencias de las Farc, lo que ha generado un clima de temor y amenaza para estas poblaciones.
Según la AT, los bloques Occidental y Jacobo Arenas, a través del frente Dagoberto Ramos en Páez, y el bloque Central Isaías Pardo con el frente Ismael Ruiz en Íquira, ambos del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, están intensificando sus esfuerzos de reclutamiento. Esta situación ha puesto a los menores de estas comunidades en una posición extremadamente vulnerable, agravada por las amenazas de desplazamiento forzado dirigidas a sus familias si intentan denunciar estos hechos.
Le puede interesar: ¿Cómo le fue al Huila en seguridad en San Pedro?
Para las comunidades indígenas y afrocolombianas, la situación es particularmente devastadora, ya que la vinculación de menores a grupos armados ilegales supone un perjuicio irreparable. Además, el subregistro de estos casos dificulta entender la magnitud del problema. Los defensores de derechos humanos y líderes sociales también enfrentan riesgos significativos, al igual que los docentes, cuyo papel como protectores se ve cada vez más debilitado.
Durante 2024, se han identificado al menos seis casos de reclutamiento en Íquira por parte del frente Ismael Ruiz. Aunque en cuatro de estos casos los menores fueron devueltos gracias a la presión de las autoridades tradicionales, la amenaza persiste. Las plataformas virtuales y las redes sociales se están utilizando como herramientas clave para atraer a los menores, quienes luego son encargados de reclutar a otros niños de sus comunidades.
En Páez, se han registrado 14 casos de reclutamiento este año. De estos, cinco corresponden a menores entre los 13 y 14 años, y cuatro entre los 14 y 17 años. No hay información clara sobre la edad de los demás casos. Las tácticas coercitivas han sido sustituidas por estrategias de comunicación que presentan una imagen positiva de la vida de los reclutados, buscando atraer nuevas incorporaciones forzosas. La falta de oportunidades educativas, económicas y sociales también contribuye a que estos menores sean más susceptibles al reclutamiento.
La Defensoría del Pueblo advierte que, si no se toman medidas urgentes y efectivas para gestionar el riesgo de reclutamiento forzado, la situación podría empeorar. El fraccionamiento del EMC en Huila y la suspensión del cese al fuego en Cauca exacerban el riesgo, no solo para Íquira y Páez, sino también para otros municipios de la cordillera Central.
Puede leer: El San Pedro, movió a Colombia
