En el Comité Territorial de Justicia Transicional, la Gobernación del Huila, señaló la importancia de articularse con las poblaciones, indígenas y ‘afro’. Ahora con la estrategia ‘Escuelas Seguras’, planean ganarle espacio a los actores armados, en cuanto al reclutamiento de menores de edad, que al parecer ya les cogió ventaja.
Asimismo, indicaron que resaltaron la recomendación realizada a la Gobernación del Huila, relacionada con la aplicación de las estrategias para estos recursos, sea concertada con las comunidades étnicas.
Además, se conoció que población ‘afro’, esta llegando a Neiva, procedente de los departamentos de Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño.
Compromisos e inversión
Y en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional, la Gobernación del Huila reafirmó su compromiso con las víctimas del conflicto armado.
Además, analizaron temas asociados, al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el departamento del Huila. “Tuvimos ocasión de socializar la estrategia ‘Escuelas Seguras’ y cada una de las acciones que, desde el Gobierno Departamental, se vienen haciendo, y desde cada una de las instituciones responsables, vamos a implementar planes para prevenir y garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes en el Departamento”.
El plan en mención, corresponde a una articulación que se desarrolló entre la Secretaría de Gobierno y de Educación.
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La estrategia
“En un trabajo muy importante que se hace en el territorio en cada una de las instituciones educativas con el fin de generar unos entornos protectores y desarrollar acciones positivas, especialmente para prevenir la ‘violación’ de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, producto especialmente de la acción que vienen desarrollando grupos armados ilegales y que están afectando especialmente los derechos de esta población, con acciones de reclutamiento forzado, que hemos venido padeciendo en la región”, agregó el administrativo.
Asimismo, el funcionario indicó que la Administración Departamental, esta comprometida con implementar acciones y hacer presencia, realizar la oferta institucional en los territorios.
“El objetivo es que los niños tengan las garantías para que puedan educarse de manera segura, transportarse, cuenten con alimentación escolar, además para que cuenten con condiciones para el desarrollo de sus derechos”, resaltó el secretario de Gobierno.
Sectores afectados
Ya en lo relacionado a las instituciones educativas que se priorizarán, Juan Carlos Casallas reveló. “Se han focalizado a los municipios e instituciones educativas, donde la Defensoría del Pueblo, ha establecido las Alertas Tempranas, y centros de aprendizaje que ya han registrado casos de reclutamiento”.
Asimismo, el funcionario agregó que se encuentran estructurando otro plan, para implementar en el mes de diciembre, periodo de las vacaciones y está relacionado con la ocupación del tiempo libre de los estudiantes.
Y en cuanto a las causas que llevan al incremento de esta problemática, el administrativo, señaló que son varias, han logrado identificar casos de violencia intrafamiliar, pobreza, falta de oportunidades para acceder a procesos de formación técnica, tecnológica y universitaria.
“Precisamente en este consejo se analizaron las ofertas que vienen haciendo estos grupos armados, les ofrecen, desde motocicletas, hasta buenos ingresos económicos y otro tipo de beneficios, pretendiendo hacer ver este tema de la vinculación a estos grupos como una ‘aventura’, que sin duda puede comportar una grave violación a sus derechos y a las expectativas de su vida a futuro”, explicó el gobernador (e).
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Vigilarán los recursos
Por su parte, Lesdy Marlodi Rodríguez, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá, Huila y Putumayo, manifestó. “Realizamos el Comité Territorial de Justicia Transicional, en el marco del cual aprobamos el plan de acción territorial con una cifra histórica, son más de $117 mil millones, dispuestos para la implementación de la política pública de víctimas en el marco de este cuatrienio. También, queremos destacar desde la dependencia que representó, la disposición de la Administración, en acatar la recomendación vinculada con las estrategias para la implementación de estos recursos y sea de manera concertada con las comunidades étnicas, vamos a tener unas mesas diferenciadas con pueblos indígenas, comunidades negras con enfoque diferencial y de esta manera, desde las diferentes instituciones que hacemos parte de esta Comisión, tenemos la responsabilidad de que los dineros se inviertan garantizando su finalidad”.
Hay diferentes líneas, se encuentra la educación, cultura, recreación, vivienda, salud y generación de ingresos.
“Todos estos ítems, hacen parte de los lineamientos de la política pública de víctimas, y se van a ver reflejados en los diferentes programas que implementan las diferentes secretarías, con énfasis muy fuerte en la cartera de Gobierno”, agregó la ejecutiva.
En cuanto a la estrategia de ‘Escuelas Seguras’, la directora, agregó que se priorizaron los nueve municipios que se encuentran en las Alertas Tempranas promulgadas por la Defensoría del Pueblo.
Comunidad ‘afro’
Posteriormente, Víctor Vallecilla, delegado de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, residentes en el Huila, señaló. “Se ha incrementado la población ‘afro’ en la región debido al recrudecimiento del conflicto armado en distintos departamentos del país”.
“Las víctimas llegan al Departamento, desplazadas del Cauca, Putumayo, Caquetá y Nariño, tenemos nueve casos registrados, y ha sido difícil ubicarlos, porque se asentaron en municipios aledaños a Neiva, y en la región existen cerca de 30 firmantes de paz, pero su ubicación se ha reservado por razones de seguridad”, reveló el líder.
Población vulnerable
Ahora, en el primer semestre del 2024, la Defensoría del Pueblo registró 159 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Colombia. El 51% del total corresponde a NNA de pueblos indígenas; el 31%, a ningún grupo étnico; el 5%, a comunidades afrocolombianas, y de un 13% no se cuenta con información.
A pesar del subregistro tan elevado por la falta de denuncias, algunas por temor a represalias de grupos armados ilegales o incluso por la posibilidad de ser víctimas de otros hechos como desplazamiento, amenazas y homicidio, el reclutamiento tiene un impacto diferencial en el territorio nacional, que además se ve determinado por condiciones sociodemográficas y étnicas.
La entidad, por consiguiente, les hace un llamado a las estructuras armadas al margen de la ley: no continúen, bajo ningún pretexto, reclutando niñas, niños y adolescentes y dejen por fuera de sus prácticas de guerra a toda la población civil. Es necesario, igualmente, que las instituciones del Estado tomen medidas efectivas de protección para NNA, afectados por tan aberrante práctica, la cual no solo es violatoria de los DD. HH., también infringe el derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario.
Ya para culminar, la Defensoría, identificó hasta el pasado mes de junio, a través del ‘Botón de registro de casos de reclutamiento’, que el 79% de los reportes se concentra en el departamento del Cauca, con 125 casos; le sigue Arauca, con ocho casos; luego están Nariño y Putumayo, cada uno con siete; Norte de Santander, cinco; Cundinamarca, tres, y Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés, con uno cada uno.
