Un total de tres miembros de una familia, están inmersos en esta investigación. El proyecto estaba destinado a los subsidios de interés social rural de los municipios de Tarqui y Suaza en el año 2015, pero no se ejecutó en su totalidad.
DIARIO DEL HUILA, Huila
Por: María Camila Mosquera M.
Un significativo progreso en la lucha contra la corrupción tuvo lugar en Neiva, Huila, donde la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila presentó cargos por el delito de peculado por apropiación contra cuatro personas implicadas en el caso de la gerencia de vivienda del Banco Agrario. El proyecto estaba destinado a los subsidios de interés social rural de los municipios de Tarqui y Suaza en el año 2015, pero no se ejecutó en su totalidad.
El órgano de control indicó que los dineros, consignados en la cuenta corriente de una corporación financiera para que fueran administrados por el consorcio, aparentemente fueron girados a personas jurídicas y naturales diferentes al contratista y la empresa interventora.
Los imputados
Los imputados son los representantes del consorcio GIVIS Huilas Ltda, Adriana Marcela Peña Saavedra; su madre, Alicia Saavedra Perdomo; su tío, Jaime Saavedra Perdomo, y Diana Cedeño Chicaiza, quienes desempeñaron diferentes roles en este caso. Según los peritos del Grupo de Administración Pública y de Criminalística del CTI, el monto del peculado asciende a más de 2.000 millones de pesos.
De acuerdo con los investigadores, se estableció que, de las 289 viviendas destinadas al proyecto, solo 64 fueron intervenidas, 29 en Tarqui y 35 en Suaza, con un valor superior a los 900 millones de pesos.
Los investigados aparentemente “permitieron que los recursos entregados para el desarrollo del objeto no se ejecutaran en debida forma, puesto que se apropiaron de los mismos a través de maniobras fraudulentas, tales como permitir que a miembros de una misma familia se les giraran y cobraran los dineros públicos destinados a las soluciones de vivienda», sostuvo la Procuraduría en el pliego de cargos.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. Jaime Saavedra Perdomo y Adriana Marcela Peña fueron afectados por dos cargos disciplinarios.
Las irregularidades
Los peritos detectaron irregularidades en el manejo de las 8 cuentas en las que el banco giró los recursos para los proyectos (más de 3.000 millones de pesos). El ente investigador encontró que Jaime Saavedra Perdomo aparecía como única persona autorizada para realizar giros, mientras que Adriana Marcela Peña Saavedra, la contratista y representante del consorcio, debía tener esta facultad.
Presuntamente, el procesado firmó la emisión de 70 cheques que mayoritariamente fueron girados a personas naturales y jurídicas que no tenían relación con la ejecución del contrato. Además, se registraron abonos para la compra de vehículos y equipos de oficina que no estaban relacionados con el objetivo del proyecto.
La investigación reveló que, de las 289 viviendas asignadas al proyecto, solo 64 fueron intervenidas, 29 en Tarqui y 35 en Suaza, con un valor superior a los 900 millones de pesos. Además, se detectaron irregularidades en el manejo de las 8 cuentas en las que el banco giró los recursos para los proyectos, superando los 3.000 millones de pesos. Se encontró que Jaime Saavedra Perdomo era la única persona autorizada para realizar giros, cuando Adriana Marcela Peña Saavedra, la contratista y representante del consorcio, también debía tener esta facultad.
Los hechos
Los hechos imputados ocurrieron entre septiembre de 2014 y abril de 2016, durante el procedimiento de solicitud pública de ofertas GV VISR-2014-004, en el cual el Banco Agrario debía administrar los recursos públicos destinados a los mencionados subsidios de vivienda rural.
El consorcio, representado por Adriana Marcela, fue seleccionado para la gerencia integral, comprometiéndose a administrar los recursos para 8 proyectos en Tarqui y Suaza. El monto total de los recursos ascendía a más de 5.2 mil millones de pesos.
“La gerencia le fue otorgada a un consorcio representado por Adriana Marcela, con quien el Banco Agrario de Colombia, el 29 de mayo de 2015 en Bogotá, suscribió el contrato de Gerencia Integral C-GV2014-106 a través del cual la contratista se comprometió a realizar las funciones de Gerencia Integral para la administración de los recursos públicos destinados a 8 proyectos en dos municipios del Huila, como lo son Tarqui y Suaza”, explicó la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador, “el consorcio fue conformado por una cooperativa de profesionales representada en su momento por Jaime Saavedra Perdomo y una entidad sin ánimo de lucro, representada por Diana Paola Cedeño Chicaiza”.
Para este caso, “le correspondió la administración y el manejo de los recursos de vivienda de interés social rural para 289 soluciones de vivienda, divididos en ocho proyectos: cuatro para Suaza y cuatro para Tarqui”.
Los recursos destinados provenían del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, cuyo valor fue de $ 5.264.532.964.42 por concepto del subsidio y la contrapartida, y $ 137.287.000 por concepto de comisión por administrar esos recursos públicos, con término de ejecución de 8 meses contabilizados a partir del primer desembolso.
No aceptaron cargos
Ninguno de los imputados ha aceptado los cargos presentados por la delegada fiscal. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y garantizar que se haga justicia en este escandaloso caso de peculado que ha afectado los recursos destinados a vivienda de interés social rural en el departamento del Huila.
