La inminente cesación de los servicios tecnológicos que tiene contratados la entidad, afectaría los procesos de formación de más de ocho millones de aprendices.
La Procuraduría General de la Nación ha liderado una reunión con el equipo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la cual se ha alertado sobre la inminente cesación de los servicios tecnológicos que la entidad tiene contratados. Esta situación podría tener un impacto significativo en los procesos de formación de más de ocho millones de aprendices.
La Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha advertido que las diferentes sedes del SENA podrían enfrentar la interrupción de sus servicios a partir del próximo 31 de julio, fecha en la que vence el contrato actual que permite ofrecer los diversos programas de formación y que ha alcanzado el límite máximo de adiciones.
La Procuraduría ha señalado también que el proceso de licitación en curso se encuentra suspendido, a lo cual se suma la falta de claridad sobre la disponibilidad de recursos para dar continuidad al programa de formación y la imposibilidad de cumplir con los términos de contratación sin interrumpir la prestación del servicio.
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Ante esta situación crítica, el Ministerio Público ha solicitado a los directivos del SENA establecer mecanismos para garantizar la continuidad del servicio, definir alternativas técnicas y establecer un plan con posibles escenarios y contingencias que deberían ser abordadas a partir de agosto en caso de no ser factible evitar la interrupción.
La Procuraduría ha destacado que mantendrá su labor de vigilancia para anticiparse a cualquier riesgo y ofrecerá su apoyo en los fines que las partes involucradas consideren pertinentes. Así mismo, se hace hincapié en la necesidad de articular un plan que evite perjudicar a aquellos que se benefician de las iniciativas del SENA.
