La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes anunció un debate de control político a la ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Karen Abudinen, por un contrato en el que estarían en peligro $70 mil millones.
Al debate fue citado el representante de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, quien no solo pidió la renuncia de Abudinen sino solicitó a los entes de control que investiguen este posible detrimento.
“Esto es un robo, no es otra cosa, es un robo de más de $70 mil millones de pesos. Solicitamos inmediatamente la renuncia a la Ministra y también solicitamos a los entes de control investigar. Acá hay cosas muy graves. La Unión Temporal Centros Poblados tiene cuatro empresas, y todas tienen investigaciones”, manifestó el parlamentario antioqueño.
Indicó que ese consorcio se encuentra conformado por empresas señaladas por la Contraloría por presentar múltiples irregularidades en contrataciones recientes con gobernaciones departamentales.
La llamada “Coalición de la Esperanza”, integrada por Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y un sector del partido perde, también «exigió» que la funcionaria sea apartada de su cargo.
El contrato, por un total de $1.1 billones, de los cuales se habían adelantado $70 mil millones, fue firmado por el Ministerio con el fin de instalar 7 mil puntos digitales en las zonas rurales más apartadas del país. Mediante denuncias periodísticas se reveló que las empresas que hacían parte de la Unión Temporal Centros Poblados no contaban con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para poderlo ejecutar.
El Ministerio inició, entonces, un proceso sancionatorio de incumplimiento y en la primera audiencia se dio a conocer que la UT Centros Poblados había presentado una garantía bancaria falsa del Banco Itaú.
Las investigaciones revelaron que las garantías presentadas en diciembre del año pasado que respaldaban los ítems de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo y el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales respectivamente, también son falsas. Estas pólizas tienen un valor total de $145.866 millones.
En declaraciones a la prensa, la ministra Abudinen aseguró que su cartera no permitirá que estos recursos se pierdan. “No vamos a permitir que de los recursos del Estado para conectar a los niños de este país se pierda un solo peso”, recalcó.
Agregó que su cartera tomó medidas contundentes en este proceso: “La primera medida es declarar la caducidad del contrato y a ocho funcionarios los apartamos del proceso (…) Se cambió al supervisor del contrato de manera inmediata. (También) cambié a los funcionarios que estaban haciendo esa inspección, y Control Interno está haciendo una auditoría exhaustiva del tema”.
Además, no se autorizó el segundo pago de ese contrato, a pesar de que el supervisor lo había autorizado por $25 mil millones.
Sobre los $70 mil millones del primer pago que se alcanzaron a desembolsar, la Ministra dijo que se fueron a una fiducia fuera de Colombia. Y agregó que está dispuesta, incluso, a buscar la extinción de dominio para recuperar el último peso de ese primer desembolso.
También, se abrió un proceso contra la interventoría por incumplimiento. “El interventor tiene oficialmente el contrato en el Ministerio porque se lo ganó. Abrimos un proceso de incumplimiento disciplinario a la interventoría”, puntualizó.
