La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, destacaron en su undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas, que el modelo de reparación colectiva continúa presentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para lograr ese fin.
El informe señala, que los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas, continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14 % de las 9.409.808 víctimas que son objeto de indemnización.
En este aspecto, los cálculos realizados estiman que se requieren $ 303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031.
Y dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.
Así mismo, la Comisión ha hecho seguimiento a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, que no han sido homogéneos, lo que ha generado impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil.
Entre las principales consecuencias se destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades; aumento de la extorsión, secuestro y del reclutamiento forzado.
