La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta sobre los significativos retrasos en el proceso de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), esenciales para mejorar el recaudo tributario en Colombia. Este proceso, tanto tecnológico como en aumento de personal, busca fortalecer la capacidad de recaudo del país. Sin embargo, la Procuraduría denuncia que, pese a varias advertencias, la Dian sigue mostrando problemas de ejecución. A través de un comunicado, el ente de control señaló que persiste un rezago importante en la actualización de los sistemas tecnológicos de la entidad, una situación que obstaculiza la atención a los ciudadanos y compromete el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Uno de los aspectos críticos es el bajo avance en la utilización de un crédito de 250 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace cuatro años. Según la Procuraduría, la ejecución de este crédito se encuentra en un 37,7%, lo cual limita la modernización tecnológica de la Dian, un proceso que se esperaba concluido en un mayor porcentaje a estas alturas. La falta de avance podría derivar en costos adicionales para la Nación, y el organismo de control advierte sobre la obsolescencia de las plataformas tecnológicas actuales, que resultan insuficientes para responder a las necesidades de la ciudadanía.
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A pesar de estos obstáculos, el proceso de ampliación de la planta de personal de la Dian parece avanzar sin mayores contratiempos. Según reportes de la entidad, se han realizado 1.577 nombramientos en periodo de prueba, con otros 2.612 en etapas previas al nombramiento, mientras que el Concurso de Méritos 2497 de 2022 está en sus fases finales para llenar las 4.700 vacantes ofertadas. Sin embargo, el cronograma ha sido afectado por pronunciamientos judiciales y 1.077 tutelas presentadas, que han alterado la selección de personal y la posesión de nuevos funcionarios.
La Dian espera concluir el proceso de contratación en 2025, lo que permitiría poner en marcha su plan de fortalecimiento del recaudo tributario. Sin embargo, entidades como el Consejo Asesor de Recaudo y Fiscalización (Carf) enfatizan que aún es necesario reforzar las garantías de que este plan se ejecutará correctamente, ya que cualquier retraso adicional pondría en riesgo los ingresos esperados por el pago de impuestos en el país.
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