Por: José Eliseo Baicué Peña
El mundo se globalizó y con él, los modos de vida y formas de pensar. Asistimos a un mundo casi que inesperado. La internet, lo digital, lo satelital, investigación del ADN, la exploración del espacio, el avance atómico y químico, y muchas otras.
Con estos cambios, llegaron los acelerados ritmos con que se mueven diariamente los millares de personas en medio de una aguda crisis económica que define rutas sociales insospechadas en la sociedad del momento.
En Colombia y, por supuesto, en Neiva se respiran aires con mezcla de estas cosas. La inseguridad está creciendo, el costo de vida se eleva continuamente, los grados de intolerancia se evidencian en los diferentes escenarios, y los bruscos movimientos de la tasa de cambio, los altibajos del dólar, la crisis ambiental, evidencias serios problemas para la humanidad. Y, para completar, la reforma tributaria que se acerca.
Eso sin hablar de los brotes desmedidos de inseguridad. Sería bueno saber cómo está operando la política pública de seguridad ciudadana en esta ciudad. Pues toda política pública de seguridad ciudadana debe, por principio, responder a los problemas de violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo éstos como problemas públicos, que como tales, demandan una intervención desde el espacio público.
También debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, debe dar a conocer el horizonte de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan, así como los objetivos del Estado, de los gobiernos de turno, de las organizaciones comunitarias, de los gremios y de los medios de comunicación.
Así se genera el valor público, el cual sólo es posible cuando existen procesos de negociación y acuerdo político acerca del problema público que afecta a una comunidad y la forma como ésta, con el concurso de las autoridades, pretende solucionarlo. Es decir, que en la medida en que este valor público responde a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos, es percibido por el conjunto de la sociedad, al ser consumido y disfrutado por la colectividad como un todo y no de manera individual.
De allí que la política de seguridad ciudadana debe ser consustancial con las políticas de educación, salud, recreación, cultura, empleo y justicia. Esto permite pensar que los avances en materia de educación y cultura, por ejemplo, pueden verse reflejados de manera positiva en las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de una comunidad.
De otro lado, reconocer que la seguridad ciudadana es un bien público, un derecho que genera deberes, y tener como punto de referencia los conceptos de desarrollo humano sostenible, permite inferir que la construcción de dinámicas de convivencia y seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino que, por el contrario, es también una tarea de diferentes instancias socializadoras.
Asistimos a un momento de la historia que marcará historia. Un momento en el que la dinámica organizacional de Colombia, se encuentra convulsionada por varias crisis en las que predomina la salud y la economía. Momentos críticos de la historia del país.