Es tal el desespero presidencial por la disminución de asistencia a las marchas que ha promovido y que cada vez los sondeos de opinión vienen disminuyendo porque el constituyente primario no encuentra atractivo las expresiones populistas salidas del contexto real y por la falta de recursos para financiar sus iniciativas incoherentes. Ha tomado la decisión de convocar a las movilizaciones de campesinos por decreto. Es risible esta actitud. Todos sabemos que el inconformismo popular, lo expresan algunos sectores poblaciones por iniciativa propia. No por orden presidencial. Todos los sectores políticos del país, menos el Pacto Histórico, han rechazado de plano esta iniciativa que va en contravía del ordenamiento institucional, por los peligros que representan estas marchas, por la eventualidad de convertirse en alteraciones de orden público.
La sociedad colombiana, especialmente el sector rural ven con cautela esta propuesta del gobierno nacional, porque pueden generar taponamientos de vías, enfrentamientos con la fuerza pública, lesionados, muertes, invasiones de tierras y secuestros entre otras acciones delincuenciales, que van en contravía del bienestar general en las regiones. No es que estemos en contra del gobierno del presidente Petro. Lo que, si es cierto, es que se advierten estas premisas por las experiencias adquiridas en otrora. El palo no está para hacer cucharas. Todos sabemos que el país, está inundado de organizaciones narcoterroristas por la laxitud que ha tenido el ejecutivo con éstas. La situación de orden público ha desbordado el accionar gubernamental por la violencia irracional que se ha desatado. Parece que los áulicos del gobierno vivieran en la estratosfera.
El país no tiene la culpa de la pérdida de credibilidad del accionar gubernamental por la aplicación incoherente de los instrumentos de la política macroeconómica de Colombia. Igualmente, por el debilitamiento de las fuerzas armadas durante el último año. La sociedad se pregunta que pretende el gobierno nacional con dicha medida salida de la racionalidad institucional. En algunas regiones del país, se empiezan a generar expresiones violentas para contrarrestar el avance de la guerrilla. No significa que respaldemos estas medidas detestables que vivió el país en las tres últimas décadas del siglo anterior. Queremos la paz y la tranquilidad. Pero no se vislumbra en el horizonte la paz que anhelamos. Su intencionalidad en la búsqueda de la paz total ha sido hasta el momento infructuosa.
Hay que seguir insistiendo en los diálogos para distensionar el ´proceso creciente de violencia que están afrontando las familias colombianas, que se encuentran desesperadas por la incapacidad estatal para contrarrestarlas. No es fácil. Pero hay que seguir el sendero del diálogo. Recordemos que no se están negociando con los angelitos de la guarda. Son asesinos y narcoterroristas. Hay que creerle al gobierno. Pero éste, no puede perder su autoridad, ni entregarles a estos desadaptados sociales el dominio del país, como se está presentando actualmente en algunas localidades.
