La situación de las finanzas públicas del gobierno central es paradójica: está lleno de liquidez, pero el margen fiscal de que dispone es exiguo. En otras palabras: cuenta con abundantes recursos, pero no es claro cómo puede gastarlos.
Los depósitos del gobierno en el Banco de la República están altísimos a la fecha; le han entrado recursos con los que no contaba como la operación que hizo con el banco emisor para comprar con holgado plazo las divisas provenientes de la cuota que le correspondió a Colombia en la distribución de DEG que hizo el FMI ; recibió la totalidad del abultado pago que le hizo Ecopetrol por las acciones de ISA; ha convertido exitosamente deudas externas que se vencían este año por pasivos de largo plazo, mejorando así su perfil de deuda y su situación de liquidez; los recaudos de impuestos van notoriamente bien. O sea, liquidez no le falta al gobierno. Quizás por eso se aventuró con ligereza a dar su visto bueno a la irresponsable eliminación de la ley de garantías.
El problema -si es que esto es un problema- es que no puede gastarse toda esa liquidez fácilmente. La regla fiscal que impone límites a nuevos endeudamientos, y cuya arquitectura quedó trazada en la nueva ley 2155 de 2021, entra a regir a partir del primero de enero del 2022, aunque con un periodo de transición hasta el 2025. Y como lo confesó el propio gobierno al discutir la ley de reforma tributaria con ella se están haciendo apenas 2/3 del ajuste fiscal necesario: el tercio restante se deja al cuidado del nuevo gobierno.
La nueva regla fiscal comienza, pues, a morder a partir exactamente del momento en que empezará el nuevo gobierno. Que tal como van las cosas se tendrá que inaugurar con una reforma tributaria que ya está cantada.
La paradoja consiste, en síntesis, en que el gobierno no va a poder gastarse toda la liquidez que ha amasado en los últimos meses pues las normas de moderación fiscal que él mismo se ha dado se lo prohíben. Al paso que le dejará al próximo gobierno un faltante de ajuste fiscal (más impuestos y menor endeudamiento) que éste último- si es responsable- tendrá que comenzar por organizar.
Lo que resulta curioso es que la nube de candidatos y precandidatos presidenciales no hayan dicho una sola palabra sobre cuál es su programa fiscal. Pasan de puntillas sobre este espinoso asunto que, quiéralo o no, va a tener que afrontar el candidato que se posesione como presidente el 7 de agosto del 2022.
En vez de tanta peleíta menuda de unos contra otros, bien harían los candidatos en destapar sus cartas fiscales si es que ya las tienen estudiadas. Cosa que dudo. La improvisación programática que se empieza a vislumbrar en esta campaña es apabullante. Apenas comparable con la liviandad de los mensajes que se cruzan candidatos y coaliciones.
No sobra recordar que en la Unión Europea uno de los temas candentes que están sobre la mesa -además de los asuntos energéticos por supuesto- es cuándo y cómo retornará la UE a las reglas de responsabilidad fiscal que, como nosotros, abandonaron cuando empezó la pandemia.
También sería bueno escuchar algo sobre las repercusiones fiscales que el gobierno se prepara a manejar con el alza inusitada de los precios internacionales de los combustibles. Se considera que el precio del crudo alcanzará los US$ 100 dólares el barril en el corto plazo. El precio del gas natural se multiplicado por cuatro. El Reino Unido ha puesto un techo perentorio a lo que puede aumentar el valor de la gasolina en las bombas. Francia acaba de establecer un subsidio de 100 euros para 27 millones de franceses afectados por la llamarada en los costos de los combustibles. ¿Y nosotros qué pensamos hacer? ¿Reprimir el costo a los consumidores manteniendo represados los precios domésticos, e incrementando el déficit ya inmenso del fondo de estabilización de combustibles? ¿O vamos a trasladar al menos parte de este aumento de los precios internacionales a los consumidores? Sobre este asunto también sería bueno oír la voz del gobierno saliente y de los candidatos.
