Un significativo 20 por ciento de las mujeres actualmente privadas de su libertad en la cárcel de Rivera podría tener la posibilidad de redimir sus penas mediante la prestación del servicio social. Según el personero de Neiva, la entrada en vigor de esta ley se vuelve esencial para aliviar la grave situación de sobrepoblación que afecta a este centro penitenciario.
Diario del Huila, Contexto
El presidente Gustavo Petro sancionó recientemente la Ley 2292 de 2023, una medida significativa que permitirá a las mujeres cabeza de familia que están privadas de la libertad cumplir sus penas a través del servicio social en lugar de la prisión. Esta nueva legislación representa un paso importante hacia la reforma del sistema de justicia penal en Colombia y está destinada a abordar el hacinamiento en las cárceles, así como a promover la reinserción de las reclusas en la sociedad.
El personero de la ciudad de Neiva, Wilson Díaz Sterling, destacó la relevancia de esta ley en el contexto local durante una reciente visita al pabellón de mujeres en el establecimiento penitenciario y carcelario de Rivera, que abarca 16 municipios en el departamento de Huila. Díaz Sterling observó con preocupación que, aunque este espacio fue diseñado para albergar a aproximadamente 80 reclusas, actualmente se encuentra sobrepoblado con más de 200 personas, lo que representa un alarmante hacinamiento que supera el 100 por ciento.
La Ley 2292 de 2023, que permite la sustitución de penas carcelarias por servicio social, se aplica específicamente a mujeres que son jefas de hogar y se encuentran privadas de su libertad. La mayoría de estas mujeres tienen hijos y dependen económicamente de sus ingresos y empleos, lo que hace que esta legislación sea especialmente relevante para ellas. La ley brinda la oportunidad de que estas mujeres cumplan sus penas de una manera que les permita seguir siendo madres y contribuir al bienestar de sus familias y comunidades.
Sin embargo, la implementación de la ley ha enfrentado desafíos significativos. Aunque ya se ha promulgado el Decreto 1451 de 2023, que establece algunos mecanismos para su ejecución, aún falta la reglamentación completa. Además, es esencial contar con organizaciones o entidades públicas que estén dispuestas a acoger a estas mujeres, ya que no pueden realizar actividades externas y deben prestar un servicio social de manera gratuita. Cada caso será evaluado individualmente para determinar quiénes son elegibles para este beneficio.
De las 200 mujeres actualmente alojadas en el pabellón de la cárcel de Rivera, se estima que aproximadamente el 20 por ciento podría cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la sustitución de penas por servicio social. Sin embargo, es importante destacar que esta evaluación estará a cargo del juez encargado.
Avance
El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de esta ley como un avance significativo en la reforma del sistema de justicia penal. Se estima que al menos 5.000 mujeres privadas de la libertad podrían beneficiarse de esta ley en todo el país. El mandatario destacó que esta medida busca liberar a mujeres que son madres cabeza de familia y que han cometido delitos de menor gravedad.
La Ley 2292 de 2023 también especifica los delitos que podrán ser resarcidos mediante el servicio social, incluyendo el hurto, el tráfico de estupefacientes y la destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros. Además, establece que las mujeres condenadas deben tener una sentencia de ocho años o menos de cárcel por estos delitos para ser elegibles.
Las mujeres que cumplan con estos requisitos podrán solicitar el beneficio, pero será un juez de ejecución de penas quien tome la decisión final. El decreto también prohíbe que las mujeres condenadas por violencia intrafamiliar o que hayan utilizado a menores de edad para cometer delitos accedan al beneficio.
Según el personero de Neiva, es fundamental destacar que esta medida se dirige exclusivamente a aquellas mujeres cuya situación jurídica ya ha sido resuelta con una condena. En el departamento del Huila, únicamente disponemos de dos instalaciones con pabellones destinados a mujeres, ubicadas en Neiva y Pitalito. Lamentablemente, los centros de Garzón y La Plata han tenido que ser clausurados, lo que ha ocasionado un notable incremento en la sobrepoblación de la cárcel de Neiva. En este sentido, el director de la prisión de Rivera ha anunciado que no se admitirán más mujeres en dicho centro penitenciario.
¿En qué podrían trabajar?
El Ministerio de Justicia y del Derecho ha identificado 14 oficios habilitados para las madres que cumplen con los requisitos, incluyendo el apoyo y asistencia a la recuperación o mantenimiento del espacio público, el apoyo y asistencia a víctimas, y la promoción del bienestar y la protección de animales. Las mujeres condenadas tendrán que trabajar cinco horas por cada semana de privación de la libertad sustituida, y se les permitirá trabajar o estudiar sin que la prestación del servicio de utilidad interfiera con estas actividades.
El Ministerio también está trabajando en la firma de convenios con entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales para proporcionar oportunidades de servicios habilitados para la ejecución de las penas.
La Ley 2292 de 2023 representa un importante avance en la reforma del sistema de justicia penal en Colombia. Al permitir la sustitución de penas carcelarias por servicio social para mujeres cabeza de familia, se busca abordar el hacinamiento en las cárceles y brindar a estas mujeres una segunda oportunidad para reintegrarse en la sociedad como ciudadanas responsables y cuidadoras de sus familias. La implementación de esta ley será un proceso clave en los próximos meses, y se espera que tenga un impacto significativo en la vida de miles de mujeres en todo el país.
