ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
En clase de historia del derecho estuvimos analizando los 12 pilares fundamentales de las Leyes del Sacro Imperio Romano Germánico, expedidas entre 1495 y 1555, que sirvieron como fundamento para la consolidación de la paz territorial que permitió hacer que muchos de los territorios atestados por la violencia se pacificaran en medio de nobles armados, con castillos y ejércitos muy fuertes que decidieron ceder el monopolio del ejercicio de la violencia al emperador; representado en este periodo por Maximiliano I, Fernando I, la Asamblea Imperial y Berthold Von Henneberg, y con ello, se vino una importante etapa de paz obtenida por medio de las Cortes de Justicia, naciendo así un tercero que mediaría entre los nobles guerreros y sus súbditos para resolver los conflictos.
Uno de los pilares que más suscitó controversia entre mis noveles estudiantes se refería al ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del emperador, lo que conllevó preguntarnos: ¿Si en Colombia existe un verdadero ejercicio monopolístico de la violencia? O si de ser el caso, ¿la violencia se encuentra hoy monopolizada por los distintos actores armados que se consideran dueños y señores del país en donde operan y el Estado poco o nada hace por capturarlos, someterlos a la justicia y que reciban un castigo ejemplar?
Desde hace más de 700 años, en medio de las luchas medievales que nos recuerdan, en el país que vivimos, se ha venido reflexionando por mecanismos que permitan que no nos matemos y que la justicia opere precisamente para que los conflictos crezcan y se termine por utilizar la violencia para mediar en nuestros conflictos. En esta reflexión se me viene a la cabeza que, en Colombia, el sistema judicial no es fuerte, tenemos jueces, claro, muchos de ellos memorables y valientes, algunos pocos corruptos, pero con un Estado débil que los tienen desprotegidos y que sus fallos los delincuentes los tienen para enmarcar, decir por ejemplo que Salvatore Mancuso tienen más de 50 requerimientos de la justicia por los más viles crímenes de Lesa Humanidad, es una muestra de un Estado enclenque, mediocre, pusilánime que ha permitido que estos bandidos se apoderen del monopolio de la violencia y sobre todo de la impunidad que los cubre a granel.
El Estado débil se debe, sustituir por un Estado Fuerte, en lo político, en lo militar, en lo social, en lo ético, en lo estético, en lo filosófico, en todas las dimensiones de su accionar, que no deje en la calle a los niños, que proteja a nuestras mujeres cuando cobardes se aprovecha de ellas maltratándolas, que sancione a los corruptos, que reduzca a los delincuentes y les recuerde que el que las hace la paga, no en su mansión por cárcel como ocurrió recientemente con los delincuentes del PAE, ni en cárceles militares que son verdaderos hoteles para los delincuentes de cuello blanco, ni con penas débiles y multas irrisorias, a los bandidos se les tiene que obligar a reparar el daño con su patrimonio y el de sus testaferros, pagando incluso con trabajo en la cárcel para que la misma no sea una escuela del crimen, sino un lugar para el arrepentimiento por el daño realizado a la sociedad en su conjunto.
Colombia necesita a un Estado fuerte, pero para ello necesitamos igualmente dirigentes fuertes, no corruptos ni bandidos que capturan al Estado, necesitamos hombres ecuánimes, transparentes, formados para gobernar para el pueblo y con el pueblo, no para sus bolsillos, ni para los contratistas que les financian sus campañas, necesitamos una élite que formados en los principios del trabajo, la solidaridad, la transparencia, la participación y la dignidad humana recuperen el Estado para el bien de todos.
