Hasta abril, Neiva, la capital del Huila, ha registrado a 170 personas desplazadas a causa del conflicto armado. De acuerdo con la Secretaría de Paz, la ciudad cuenta con 53,386 víctimas de este flagelo. Municipios como Algeciras, Nátaga, Tello y Baraya destacan como los principales lugares de origen de los desplazados, evidenciando la magnitud de la problemática en estas áreas.
Diario del Huila, Panorama
En un preocupante escenario, el municipio de Neiva, capital del Huila, continúa siendo receptor de un constante flujo de desplazados, según los datos actualizados proporcionados por la Unidad de Víctimas. Con cifras alarmantes, la ciudad alberga a 53.386 personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, una situación que demanda respuestas urgentes por parte de las autoridades locales y nacionales.
Jorge Lozano, secretario de Paz del municipio de Neiva, indicó que, en lo que va del 2024 hasta la fecha de corte del 26 de abril, 170 personas han llegado al Centro Regional de Atención a las Víctimas para declarar su condición de desplazados. Estas personas, provenientes de diferentes regiones, buscan en Neiva no solo refugio, sino también oportunidades de seguridad y empleo.
Los factores que impulsan esta movilización humana son diversos. En primer lugar, muchos desplazados encuentran en la capital huilense una red de apoyo compuesta por familiares, amigos y conocidos, lo que les brinda un sentido de seguridad en momentos de crisis. Además, Neiva, como una de las principales ciudades del sur del país, ofrece oportunidades económicas que resultan atractivas para quienes buscan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.
Otro aspecto relevante es la accesibilidad y comunicación que ofrece Neiva con otros municipios circundantes, facilitando el contacto con las comunidades de origen. Este factor, sumado a la presencia de infraestructura y servicios básicos, convierte a la ciudad en un destino preferido para aquellos que buscan reconstruir sus vidas tras abandonar sus hogares por la violencia y la persecución.
Procedencia
Las zonas de procedencia de los desplazados son diversas, siendo el 55% de estos originarios del Huila, el 19% del Caquetá y el 26% restante de otros departamentos. Municipios como Algeciras, Nátaga, Tello y Baraya son los principales emisores de personas afectadas por el desplazamiento, señalando la gravedad de la situación en estas localidades.
Sin embargo, detrás de estos desplazamientos hay una realidad aún más preocupante: la presencia de grupos armados ilegales y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Según Lozano, esta situación es alarmante y requiere una acción inmediata por parte de las autoridades para proteger a la población vulnerable y prevenir futuros episodios de violencia.
En cuanto a las denuncias sobre la presencia pasacalles de disidencias de las FARC en el corregimiento de Vegalarga, las autoridades locales aseguran no tener reportes específicos, aunque reconocen la posibilidad de su existencia. No obstante, se han implementado medidas de protección y atención para la población afectada, activando rutas de seguridad en colaboración con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.
“Es fundamental destacar que las 53.386 víctimas de desplazamiento registradas no representan la totalidad de las personas afectadas en Neiva. Existe un número adicional de aproximadamente 4.114 víctimas de otros tipos de victimización, lo que eleva la cifra total de afectados a alrededor de 57.500 personas. Este hecho subraya la complejidad del panorama social y la urgencia de implementar medidas integrales para atender las necesidades de todas las víctimas”, explicó el secretario de Paz de Neiva.
En respuesta a esta crisis humanitaria, las autoridades locales y nacionales están trabajando en la implementación de acciones coordinadas para brindar atención y protección a los desplazados, así como para abordar las causas subyacentes del conflicto. Se espera que estas medidas contribuyan a mitigar el sufrimiento de la población afectada y a promover la construcción de una paz duradera en la región.
«Una vez que los afectados presentan su declaración sobre esta situación de victimización, procedemos a activar de inmediato las rutas de protección, en estrecha colaboración con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Trabajamos activamente para difundir entre la población las vías de prevención y protección frente a las amenazas, así como para abordar específicamente la vinculación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado y el reclutamiento forzado. Además, brindamos apoyo a las personas que han sido víctimas de estos eventos para que puedan permanecer temporalmente en el municipio de Neiva mientras se inicia su proceso de inclusión en el Registro Nacional de Víctimas, el cual está a cargo de la Unidad de Víctimas y tiene un plazo de 60 días hábiles para su realización.«
El flujo constante de desplazados hacia Neiva es un llamado de atención sobre la persistencia de la violencia y la inseguridad en algunas regiones del país. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las víctimas y para avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica para todos sus habitantes.
Realidad de los desplazados
La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado presentó recientemente los resultados de una encuesta que arroja luz sobre la crítica situación de vulnerabilidad que enfrenta la población desplazada en Colombia.
El estudio, realizado en el marco de la IV Encuesta Nacional de Verificación sobre las condiciones de vida y el goce efectivo de los derechos de esta población, llevada a cabo en 2023 en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revela una serie de hallazgos preocupantes.
Uno de los hallazgos más alarmantes es que casi ocho de cada diez víctimas de desplazamiento forzado, equivalente al 76,1%, se encuentran en situación de pobreza monetaria, y de estas, cuatro de cada diez ya están sumidas en la pobreza extrema. Esto pone de manifiesto una realidad desgarradora que afecta a una parte significativa de la población desplazada en el país.
El estudio, aplicado en 80 municipios de Colombia a un total de 9,715 hogares de población desplazada y 1,982 de población vecina, también revela que más de 8,6 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por la fuerza en el país, de las cuales 6,9 millones aún necesitan asistencia o reparación.
Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia, enfatizó la importancia de estos hallazgos para ofrecer soluciones duraderas a la población desplazada durante el lanzamiento de los resultados del estudio.
Entre los datos alarmantes que presenta la encuesta se destaca que la tasa de desempleo en esta población alcanza el 17,6%, seis puntos porcentuales por encima de la media nacional. Además, se evidencia una altísima tasa de informalidad del 82,4%, lo que agudiza la vulnerabilidad de los desplazados, ya que solo el 21,8% de esta población recibe ingresos laborales superiores a un salario mínimo.
Por otro lado, cuatro de cada diez encuestados expresaron sufrir hambre debido a la falta de alimentos o recursos para adquirirlos. Luis Jorge Garay, director del equipo de verificación de la Comisión de Seguimiento, señaló que la población desplazada por causa del conflicto armado en Colombia continúa siendo la más vulnerable del país, subrayando la urgencia de abordar esta situación.
En el ámbito educativo, el estudio revela que más de la mitad de los desplazados mayores de 27 años poseen niveles educativos bajos, con un preocupante porcentaje del 11,3% que no tiene ningún nivel educativo y un 39,8% que ha alcanzado como máximo la primaria.
Respecto al derecho al retorno, solo el 5,2% de los hogares desplazados expresó su deseo de regresar a su lugar de origen. De hecho, la mayoría de las víctimas, aproximadamente el 74,9%, desea permanecer en el lugar donde reside actualmente, lo que refleja la complejidad de la situación y las dificultades para una eventual reintegración.
