Desde el inicio de la vida republicana, cuando se posesionan los primeros mandatarios del país, se trasladan con su núcleo familiar a la casa presidencial, por un lado, para mantener la alta dignidad del Estado y por la protección a su integridad física y, por otro lado, para recibir y hospedar en algunas ocasiones a los presidentes de las demás naciones que vienen a hacer sus visitas protocolarias. Para tal efecto, se deben adecuar y dotar de bienes suntuarios como exigen las normas vigentes como si fueran suites y habitaciones de hoteles cinco estrellas. Para el común de la gente, esto es absurdo que se paguen con recursos del erario del Estado. Todos los expresidentes colombianos lo han realizado, claro está que algunos son austeros y otros irradian su amplitud a costillas de los impuestos que pagamos.
En medio de la profunda crisis financiera, que está presentando el país, suena raro que las medidas de austeridad adoptadas por el ejecutivo, para sanear el abultado déficit de las finanzas públicas nacionales en todas las dependencias no se esté aplicando. Pero, cuando existen necesidades, como los ocurridos recientemente en la presidencia de Gustavo Francisco Petro Urrego, que, en menos de dos meses, ocurran excesos de gastos protocolarios en la casa de Nariño y en los demás restantes casas presidenciales.
Además, hay un ingrediente que ha rebosado la copa de la opinión pública. Los sobrecostos de los bienes adquiridos para las casas de la presidencia de la República han sido rechazados de tajo por toda la opinión pública nacional e internacional. Durante su campaña, se criticaba los excesos de los gastos de Estado y los altos precios de algunos bienes adquiridos. Pero que ocurra estos esperpentos en el actual gobierno, son absurdos y riñen con la filosofía y la buena intencionalidad de este gobierno que no lleva dos meses en sus cargos. La polémica generada por millonarios costos de compras para la dotación de las viviendas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, riñen con la sana lógica de la transparencia que deben reinar en todas las compras que se realicen en el Estado colombiano. No se puede permitir el saqueo de las finanzas públicas de esta forma.
La sociedad colombiana está hastiada de la corrupción administrativa que siempre se ha presentado en las altas esferas del Estado. El pueblo colombiano está muy preocupado, porque eligió a un presidente que les prometió un cambio en todas las costumbres políticas que lo tienen empobrecido. Que se siga defendiendo un proyecto de reforma tributaria para sanear las finanzas públicas, pero que desde el ejecutivo estén promoviendo y defendiendo estas actuaciones irracionales, no es coherente con la sana lógica de austeridad que debe reinar en momentos de crisis.
