José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, reiteró que los falsos positivos se cometieron de forma sistemática, generalizada y comprometen a todas las divisiones del Ejército de Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el pasado 18 de febrero que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008 en un comunicado. El mismo periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia.
“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, comentó la Jurisdicción.
Según el documento son seis los territorios en general donde se dieron la mayoría de los casos, estos son el Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, sin embargo, el 66% del total de víctimas se presentó en 10 departamentos de los 32.
Los “falsos positivos”, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios. Además, la noticia provocó que se avivara nuevamente la discusión sobre los responsables de estos crímenes que se cometieron en medio del conflicto armado que para muchos es sólo información que tiene un sesgo ideológico.
Ante la versión que entregó Álvaro Uribe Vélez, donde aseguró que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate”, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), desmintió al político y lo acusó de querer distorsionar la historia de los falsos positivos a través de su cuenta de twitter.
