Por: José Gregorio Hernández

En las urnas, el pueblo chileno decidió el año pasado romper con la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Este domingo, de conformidad con lo dispuesto en las reglas votadas afirmativamente por los ciudadanos, tuvieron lugar las elecciones de quienes proyectarán el nuevo ordenamiento fundamental.

El mayor número de escaños en la Asamblea correspondió a los independientes y a las listas opositoras al actual gobierno. El presidente Piñera reconoció: “La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía»

Entre tanto, en Colombia, con un alto grado de contagios y muertes por coronavirus y con un paro que se prolonga sin que haya siquiera un asomo de acuerdo entre el Gobierno -que aquí, aunque no lo reconoce, tampoco está sintonizado con los anhelos populares- y el Comité Nacional del Paro -que no representa a todos los sectores y personas que protestan-, algunos proponen como solución celebrar el trigésimo aniversario de la Constitución Política de 1991 sustituyéndola por otra.

Mientras -no obstante la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal-, las declaraciones públicas de los llamados a negociar solamente muestran posiciones  inflexibles, siguen las convocatorias a  paro; continúan las manifestaciones -pacíficas en su inmensa mayoría-; no cesan las acciones de grupos violentos que apedrean e incendian edificios públicos;  se mantienen los bloqueos a las vías públicas, con gran perjuicio para la comunidad; persisten los excesos policiales;  aumenta a diario el número de muertos, heridos y desaparecidos; hay capturas a domicilio, sin orden judicial, ni formalidades legales, y civiles armados actúan sin control. Es decir, un panorama oscuro y cada vez más lejano de los ideales constitucionales. Todo indica que los hechos están desbordando la capacidad de control a cargo del Ejecutivo y resulta evidente un preocupante fenómeno de ingobernabilidad y falta de liderazgo. De fondo, avanza impasible el coronavirus, con más de quinientos muertos diarios, y un lento programa de vacunación.

Desde luego, no creemos que la solución a esta lamentable situación se encuentre en el cambio de la Constitución vigente. Al contrario. La Constitución, aunque requiera ajustes -que se pueden tramitar y aprobar por cualquiera de los mecanismos que ella prevé- no debe ser sustituida. Tiene que ser cumplida, y en buena parte no lo ha sido.

Pese a que la Constitución del 91 no es perfecta -ninguna obra humana puede serlo-, es un estatuto liberal, participativo, pluralista, que consagra un Estado Social de Derecho y garantiza el respeto a los derechos humanos.  Un ordenamiento que, pese a 55 reformas -la mayoría innecesaria y aprobada por razones políticas de coyuntura-, conserva su esencia democrática.

Si algo caracterizó el proceso jurídico-político de 1990-91 fue la capacidad de diálogo entre los distintos sectores -gobierno, partidos políticos, comunidades indígenas, trabajadores, estudiantes, organizaciones- para lograr consensos. Precisamente eso que tanta falta hace hoy y que el desconocimiento de los principios constitucionales y la falta de genuina voluntad de concertación no han permitido.