Desde que asumió la presidencia Gustavo Petro Urrego, su administración ha estado sumida en reiterados escándalos que están permeando negativamente la imagen del primer mandatario de los colombianos. Un día emite trinos sobre éstos, y al otro día los desmiente, buscando justificar la ocurrencia de estos hechos, que en muchas ocasiones están desdibujando su accionar gubernamental en los ambientes nacionales e internacionales. Se nota mucha improvisación en su actuar. Sus colaboradores, no miden sus palabras y en muchas ocasiones comprometen la salud de la democracia colombiana. Una de las cualidades que debe tener todo gobernante de un territorio, es la mesura y la prudencia al expresar cualquier tema gubernamental.
Tal es la situación que está soportando el presidente Gustavo Petro Urrego, por las sucesivas declaraciones que emite a través de trinos o en actos públicos, que le están ocasionando un rechazo nacional en la mayoría de la población e inclusive entre su propio electorado. A través de trinos caza peleas absurdas con algunos entes gubernamentales, que son el soporte de la estructura del Estado. Contra el Fiscal General de la Nación y la Procuradora General, en reiteradas ocasiones lanza frases amenazantes contra los entes fiscalizador y disciplinario del país, porque no les autorizan la excarcelación de 300 delincuentes peligrosos y tenebrosos que han atentado en otrora contra la paz y la tranquilidad de las familias colombianas. Recientemente el Consejo de Estado, anuló la elección del presidente del Congreso Roy Barreras, como senador del Pacto Histórico, por doble militancia y la semana anterior tumbó la elección del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez por vicios de trámite que cometió el Congreso cuando lo eligió. No es la primera nulidad de elección contra el Pacto. El año anterior perdió su curul el senador César Pachón por doble militancia y la semana pasada la Procuraduría suspendió al Senador Alex Flórez por ofensas a policías. Por este motivo se ha lanzado contra las decisiones de estos organismos de control. El presidente debe respetar los poderes públicos del Estado.
El día anterior, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar dentro del caso de Laura Sarabia, jefa de gabinete de la Presidencia y Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria. La polémica se debe al robo de un maletín en la casa de Sarabia con 7.000 dólares, por el cual fue abordada la exniñera Marelbys Meza en Presidencia, y que supuestamente fue llevada hasta un sótano del edificio Galán, al frente de Palacio, donde le habrían quitado su celular, la acusaron de ladrona y mentirosa, y le hicieron una prueba de polígrafo. Es un claro abuso de poder de esta alta funcionaria. Podemos seguir enumerando los múltiples escándalos que salpican a la Casa de Nariño. No pueden volver a suceder por la salud de la democracia.
