DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez
Esto es lo que afirman algunas familias de los capturados por haber presuntamente participado en los enfrentamientos en el marco del estallido social en el 2021. Los denominados ‘Primera Línea’ en el departamento del Huila estarían pensando en no acogerse al beneficio de gestores de paz por falta de garantías.
En el marco de la rueda de prensa nacional conjunta de las familias de los capturados por, presuntamente, pertenecer a la denominada ‘Primera Línea’ acusados por los desmanes provocados en el marco del Paro Nacional que tuvo como epicentro del Huila la ciudad de Neiva, los padres de los 8 capturados pidieron garantías en el proceso que se piensa adelantar a nivel Nacional para que empiecen a ser gestores de paz.
Muchas preguntas sin respuestas y respuestas que no favorecen a los directamente implicados surgieron tras el anuncio del presidente de la República Gustavo Petro quien en aras de desarrollar su programa de gobierno y promover la Paz Total ha insistido en que los hoy capturados y procesados como falsos positivos policiales, pasen a ser gestores de paz.
“La justicia está en contra de los muchachos y el presidente está a favor, pero él no puede ejercer la justicia, entonces así es muy difícil” sustentó Eugenio Lima, padre de Pablo Lima.
En Neiva fueron 8 los capturados los cuales hoy se encuentran con prisión domiciliaria, pero aseguran que la verdadera cárcel la tienen afuera, en la calle, por la estigmatización social de la cual no han sido víctimas solo ellos, sino también sus familias.
“La persecución de la que está siendo víctima mi hijo en este momento demuestra que el país está polarizado. Como padre no estoy de acuerdo porque pese a que el presidente tenga la mejor voluntad con los muchachos, quienes no están de acuerdo los van a acabar”, dijo Luis Orlando García, padre de Kevin David García.
Aseveró que por el momento no hay las garantías para que estas personas salgan a hacer la labor social que él planta “es mejor que no lo haga”.
Lo que estos padres de familia, que presentaron sus posiciones no quieren, es que sus hijos salgan y sufran lo que han sufrido integrantes de partidos como los de la UP “a estos muchachos los van a exterminar”, puntualizó García.
Las afectaciones que dejó la cárcel
Las madres y padres de familia denunciaron que sus hijos vivieron “un infierno” el tiempo que estuvieron recluidos en las diferentes cárceles de país debido a los malos tratos, la mala alimentación, las precarias condiciones en las que se encontraban y la poca atención en salud que recibían.
“Psicológicamente pelear con el estado es muy complicado. El INPEC que es el encargado de garantizarle la salud a mí hijo, no lo ha hecho. No contestan los comunicados para los traslados médicos, Kevin David está enfermo y él tiene que estar en un tratamiento”, explicó el padre.
Posológicamente la afectación es mayor
“Mi hijo necesita que un profesional hable con él, una persona capacitada, que hable con él. Con todo lo que vivió en la cárcel él quedo traumado, hemos tenido con mi esposa el miedo de que nos llegue la noticia de que se quitó la vida porque lo ha manifestado varias veces”, denunció Luis Orlando.
El mismo panorama vive la familia de Pablo Lima, su padre aseguró que “tiene algunos problemas, psicológicamente no está bien, duerme poco y se levanta asustado. Él piensa que aun está en la cárcel y eso no lo deja dormir, vive con muchos nervios, toda la familia hemos estado analizando si entra al proceso como vocero, porque no hay garantías”.
El estigma social
Lo que más les ha perjudicado a los presuntos integrantes de la ‘Primera Línea’ en Neiva ha sido el estigma social que viven en la sociedad no solo ellos, sino sus familias quienes indicaron que han perdido sus trabajos por que las personas los tildan de guerrilleros, ladrones entre otras cosas.
“A nosotros hay muchas personas que han dejado de contratarnos porque somos padres de un muchacho que lo acusan ser ‘Primera Línea’, nosotros somos guerrilleros, que todo lo queremos regalado, dicen que somos de izquierda por simplemente no compartir las ideas de antiguos gobiernos y nos dicen que somos bandoleros”, sostuvo Luis Orlando.
Por parte de la familia de Vanessa Cabrera lo que han indicado es que tanto psicológicamente como económicamente, la situación ha sido crítica “ella tiene mucho miedo, tiene casa por cárcel, pero ha recibido mucha estigmatización, ha sido perseguida. A mi hijo lo sacaron del trabajo cuando se enteraron de que era el esposo de ella”, contó Sandra García Rojas, suegra de Vanessa.
“No me gustaría que fuera gestora de paz, hay muchas dudas, todavía la ultraderecha nos está gobernando y por eso no estoy de acuerdo”, sumó la familiar.
El mensaje para el presidente
“Le pedimos que estos jóvenes puedan salir en libertad completamente. Que les den seguridad, no queremos que salgan y los maten. Ellos han recibido amenazas entonces necesitamos que nos ayuden para que no los vallan a matar”, continua Sandra.
Limpiar el nombre de los capturados es otro clamor de las familias quienes indicaron que, pese a que no se les ha podido comprobar que ellos (hablando en el caso particular de los que fueron capturados en Neiva) hayan “participado directamente de los desmanes, todo el mundo los trata como unos vándalos”.
La suegra de Vanessa comentó que su nuera vivió casi un infierno mientras estuvo en el CAI del barrio Bogotá de la ciudad de Neiva donde “psicológicamente la atormentaron, una de las del INPEC la golpeó y como secuela le quedó con una úlcera, la comida era pésima”.
Finalmente, los familiares de los capturados expresaron que si no se dan las garantías para que ellos salgan a la calle y se pueda dar el proceso de resocialización, de perdón y de reconciliación, lo mejor sería que el proceso no se dé.
“Es mejor que esos recursos los inviertan en educación, ellos quieren estudiar, porque con los que he hablado todos dicen eso, que quieren estudiar, ya que muchos no han tenido la oportunidad y que los que estén de acuerdo con ser voceros, pues lo sean, pero bajo los propios riesgos que esto conlleva”, concluyó el padre de Kevin David.
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Ya se han puesto en conocimiento las denuncias
Los imputados son: Andrés Felipe Yara Vargas, Pablo Fernando Vargas Lima, Angie Carolina Cuéllar, Edwin Herrera Pimentel, Ignacio Sebastián Zambrano, Vanessa Cabrera Sánchez, Cristian Andrés Reyes Cuéllar y Kevin David García.
El colectivo de abogados que los representan denunció que, en el tiempo en el que estuvieron detenidos, “a partir de las 5 de la tarde, las luces del lugar de reclusión son apagadas durante la noche, y han ingresado personas desconocidas que han proferido amenazas”, esto para el mes de marzo del año en curso.
Así mismo, se habían denunciado agresiones tanto físicas como verbales hacia los detenidos mientras estuvieron en el CAI de Bogotá donde permanecieron hasta que un juez con función de control de garantías les otorgó la prisión domiciliaria.
Luisa Obando Guerrero, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, indicó en su momento que los detenidos estaban involucrados en 10 eventos delictivos, entre los que se encuentran la incineración de vehículos de servicio público y un CAI de la Policía en Neiva, así como una estación de servicio en Palermo.
“Habrían bloqueado vías de acceso a Neiva, incinerado un CAI, vehículos de transporte público y hasta una estación de servicio en el municipio de Palermo. Además, presuntamente secuestraron a un médico para que atendiera los quebrantos de salud de uno de los integrantes de la autodenominada Primera Línea”, expresó la funcionaria.
Además de eso, presuntamente, “extorsionaron al conductor de un camión para dejarlo movilizar, vandalizaron y saquearon un supermercado de cadena, entre otros actos delictivos”.
Por estos hechos el ente acusador les imputó los delitos de secuestro, terrorismo, incendio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, perturbación en el transporte público colectivo, obstrucción a las vías públicas y concierto para delinquir, los cuales no aceptaron.
