Por: Adonis Tupac Ramírez
“ La medicina es una ciencia imperfecta, practicada por imperfectos sobre otros imperfectos”
En Colombia, la violencia contra el personal de salud no es un fenómeno reciente, pero sí alarmantemente creciente. Este problema se ha intensificado especialmente en los últimos años, marcados por crisis sanitarias y un contexto social y político volátil. La magnitud de esta problemática no solo revela las deficiencias en los sistemas de protección para los trabajadores de la salud, sino que también destaca una crisis más amplia de seguridad y respeto por el sector sanitario.
Según la Federación Médica Colombiana, en 2020 se reportaron más de 240 casos de agresiones a médicos y otros trabajadores de la salud, un incremento significativo comparado con años anteriores. Estos incidentes van desde agresiones verbales y amenazas hasta ataques físicos y, en casos extremos, asesinatos, como el ocurrido hace un par de semanas en la ciudad de Medellín donde fue víctima el Dr. Juan Guillermo Aristizabal.
El origen de estas agresiones es multifacético. La desinformación ha jugado un papel crucial, alimentando miedos y teorías conspirativas. Sin embargo, la raíz del problema es más profunda y se relaciona con las deficiencias estructurales del sistema de salud colombiano. La falta de recursos, la sobrecarga de los servicios médicos, y la insuficiente infraestructura contribuyen a crear un ambiente de frustración y desesperación entre los pacientes y sus familias. Cuando las expectativas no se cumplen —a menudo debido a circunstancias fuera del control del personal médico—, la tensión puede escalar hacia la violencia; todo procedimiento quirúrgico tiene posibilidades de complicaciones y secuelas que algunas ocasiones no son entendidas por los pacientes.
Además, el conflicto armado interno en Colombia ha complicado aún más la situación. En regiones donde la presencia del Estado es limitada y grupos armados ejercen control, el personal de salud frecuentemente se encuentra en la línea de fuego. No solo enfrentan el riesgo de ser atacados por estos grupos, sino que también son objeto de sospechas y hostilidad por parte de las comunidades que ven en cualquier figura de autoridad un posible enemigo.
La respuesta del gobierno colombiano ha sido insuficiente. Aunque existen leyes que buscan proteger al personal de salud, como la Ley 1562 de 2012 que tipifica las agresiones contra estos trabajadores como un delito penal, la implementación ha sido débil y las sanciones raramente se aplican.
Es crucial que Colombia adopte un enfoque más robusto para abordar esta violencia. Esto incluye no solo la implementación efectiva de las leyes existentes, sino también la creación de programas de apoyo psicológico para el personal afectado, la mejora de las condiciones de trabajo, y campañas de educación pública que desmitifiquen las labores del sector salud y promuevan el respeto hacia los profesionales.
Finalmente, el papel de los medios de comunicación y las plataformas sociales en la diseminación de información veraz es fundamental. Combatir la desinformación y educar a la población sobre la realidad y desafíos que enfrenta el personal de salud puede ayudar a disminuir la hostilidad y construir un ambiente de cooperación y respeto mutuo.
