En la noche del 21 de marzo y madrugada del 22 de marzo, las personas privadas de la libertad iniciaban de manera simultánea una serie de protestas en las cárceles del país exigiendo mejores condiciones para evitar el contagio del Covid-19, que ya reportaba sus primeros casos en el país.
Las manifestaciones más intensas fueron en la cárcel la Modelo de Bogotá, donde se habría presentado un intento de fuga. En los barrios aledaños no se dejaban de escuchar disparos y helicópteros sobrevolando el sector, lo que llevó a las familias de los reclusos a trasladarse a las puertas del centro penitenciario.
En la mañana de ese domingo, la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, entregaba un balance demoledor que hoy investiga la Fiscalía General: 24 presos muertos (23 de ellos por arma de fuego y uno por caída libre), y además de 107 heridos (33 de la guardia del INPEC y 76 privados de la libertad).
Un año después de los hechos, la Dirección Especializada Contra las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía ha abierto cuatro líneas de investigación, en donde se han ejecutado 829 labores y están en desarrollo más de 180, para determinar posibles responsabilidades de los guardias del Inpec que controlaron la situación y evitaron la posible fuga de los privados de la libertad.
