Además de los indicadores financieros, se analizarán los números de quejas y reclamos de los usuarios, los cuales no han mejorado pese a la medida de intervención administrativa.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
El recién nombrado superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano, no tardó en tomar decisiones contundentes en el sector salud. A tan solo una semana de asumir el cargo, Rubiano anunció una auditoría forense integral para todas las EPS e IPS intervenidas por el Gobierno, una medida que busca arrojar luz sobre el estado financiero y operativo de estas entidades, las cuales han sido foco de polémicas por presuntos malos manejos de recursos destinados a la salud pública.
Una intervención más rigurosa
Durante su primera rueda de prensa, Rubiano afirmó que esta auditoría forense permitirá un análisis exhaustivo de las EPS intervenidas, no solo desde el ámbito financiero, sino también en la prestación de servicios de salud y otros aspectos técnicos relevantes. Además, anunció que las evaluaciones a las EPS serán semanales, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y mejorar la operación de estas entidades.
“Queremos poner en blanco y negro la situación real de cada una de estas instituciones. No solamente en el tema financiero, que nos preocupa tanto, sino también en la prestación de servicios y otros aspectos técnicos. Vamos a fortalecer los canales de comunicación con los usuarios”, aseguró Rubiano.
El propósito de esta medida es también desentrañar las prácticas que han llevado a un manejo inadecuado de los recursos, que, según investigaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, han sido destinados a paraísos fiscales en algunos casos. Estas irregularidades han encendido las alarmas sobre la necesidad de una supervisión más estricta y la implementación de correctivos urgentes.
Quejas persistentes de los usuarios
A pesar de las medidas de intervención administrativa implementadas hasta ahora, las quejas y reclamos por parte de los usuarios de las EPS no han disminuido significativamente. Este es otro de los indicadores que será monitoreado semanalmente.
Problemas como retrasos en la asignación de citas, falta de entrega de medicamentos y largas esperas para procedimientos médicos han generado descontento entre los usuarios, quienes sienten que sus derechos fundamentales en salud no están siendo garantizados. Las EPS deben, además, mejorar sus canales de atención al cliente para reducir el número de quejas relacionadas con la falta de información oportuna y adecuada.
Según cifras recientes de la Superintendencia, las quejas más frecuentes están relacionadas con barreras de acceso a los servicios de salud y con la negativa en la entrega de tratamientos esenciales. Esto refleja una problemática estructural que, a pesar de los cambios administrativos, no ha mostrado avances significativos.
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Apoyo del Ministerio de Salud
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respaldó la medida anunciada por Rubiano y subrayó la importancia de conocer la verdadera realidad financiera de las EPS intervenidas. Señaló que en el caso de la Nueva EPS, por ejemplo, las cuentas de 2022 no mostraron déficit, mientras que en 2023 este fue mínimo. Sin embargo, en 2024 las cifras presentadas por el anterior gerente interventor revelaron deudas superiores a los 5 billones de pesos.
“No solo se está solicitando, sino que ya se debe estar desarrollando una auditoría que permita determinar con exactitud cuál es la verdadera situación de estas EPS. Al parecer, hay muchas deudas ocultas”, explicó Jaramillo.
El ministro también señaló que el objetivo de estas auditorías no es solo financiero, sino que busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y, sobre todo, la calidad en la prestación de los servicios, algo que ha sido duramente cuestionado en los últimos años.
Nuevos agentes interventores
Rubiano también destacó la reciente designación de siete nuevos agentes interventores para algunas de las EPS más grandes del país, entre ellas Nueva EPS. Según el superintendente, estos profesionales tienen una trayectoria destacada, en especial por su desempeño en hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
“En esa época había 22 hospitales públicos, y muchos de estos gerentes desempeñaron labores ejemplares, lo que fue determinante para su selección. En sus hojas de vida identificamos honestidad, rectitud y una alineación con el Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó.
Con esta nueva administración, el Gobierno espera que las EPS puedan optimizar la atención a los usuarios y que sus procesos internos sean más eficientes y transparentes. Sin embargo, el nombramiento de estos interventores también ha generado críticas en algunos sectores, que cuestionan si sus experiencias anteriores en el sector público serán suficientes para manejar la magnitud de los retos actuales.
Impacto de la auditoría
La auditoría forense promete no solo clarificar las finanzas de las EPS intervenidas, sino también abordar problemas estructurales que han afectado la calidad de los servicios de salud. Este ejercicio busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema y permitirá implementar correctivos para mejorar la atención médica en el país.
Uno de los mayores desafíos será asegurar que estas medidas tengan un impacto positivo en el corto y mediano plazo, pues los pacientes continúan enfrentando barreras significativas para acceder a tratamientos oportunos. La Supersalud deberá demostrar que estas iniciativas no solo quedarán en el papel, sino que se traducirán en mejoras palpables para los colombianos.
Además, la auditoría servirá como herramienta para identificar posibles casos de corrupción y sancionar a los responsables de desvíos de recursos, un tema que sigue siendo prioritario para garantizar que los fondos destinados a la salud lleguen a donde más se necesitan.
En este contexto, las EPS intervenidas tienen la oportunidad de redefinir su operación bajo un modelo más transparente y eficiente, alineado con los principios del derecho a la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, el proceso requerirá no solo voluntad política, sino también el compromiso de todas las partes involucradas para transformar el sistema de salud colombiano en uno más equitativo y accesible.
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