Ernesto Cardoso Camacho
La vida de los pueblos esta siempre influenciada por las decisiones y ejecutorias de los gobiernos. En las democracias la separación de poderes y el control político a los actos del gobernante y de las otras dos ramas del poder público, lo ejercemos los ciudadanos con pleno derecho y sin restricciones, como expresión de la soberanía popular.
Este nuevo año se nos presenta cargados de expectativas e incertidumbres. La globalización económica y política nos coloca en un escenario muy complejo que incidirá de manera determinante en nuestro destino.
Los conflictos geopolíticos entre las tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, amenazan la paz mundial, pero al tiempo causan severas consecuencias en la economía global.
Por otra parte, las realidades del cambio climático están generando fenómenos naturales de gran impacto en la agricultura y acentuando las masivas migraciones de habitantes de los países más pobres en búsqueda de mejores oportunidades para sus familias.
Mientras todo ello ocurre, los dirigentes políticos, industriales y empresarios siguen jugando alegremente a mantener sus privilegios y a instaurar un nuevo orden económico, en el cual se consolide su gran poder financiero como soporte de todas sus inversiones.
Los sistemas políticos asentados en la democracia registran una enorme crisis de desconfianza debido a la corrupción de gobernantes y dirigentes, quienes privilegian su codicia por el dinero y el poder, abandonando sus responsabilidades con el pueblo que cansado de tantas promesas incumplidas y de los crecientes problemas sociales; busca desesperadamente otras opciones que peligrosamente pueden conducir a dictaduras y tiranías de cualquier ideología.
En este impredecible escenario nuestra nación colombiana presenta sus propias realidades.
El gobierno del Pacto Histórico liderado por el presidente Petro ha prometido un cambio estructural tanto en el sistema político como social, económico, cultural y ambiental.
Los primeros cuatro meses de su gestión están señalando un camino o una ruta que generan desconfianza, incredulidad e incertidumbre. Los anuncios del propio presidente y de sus ministros muchas veces han sido incoherentes o contradictorios. No se observa coherencia ni unidad en su alto equipo de gobierno.
Ya ha logrado consolidar unas mayorías importantes en el congreso, aunque se empiezan a registrar fisuras en ellas y en su propia coalición del Pacto Histórico.
El entorno global de la economía; el evidente hueco fiscal; la incontrolable inflación en los alimentos; las altas tasas de interés; los temores de los inversionistas extranjeros especialmente del sector energético y minero; y la alta deuda pública del Estado; son entre otros, grandes retos que deberá superar en el corto período de tiempo de su mandato, lo que permite presumir que sus promesas de obtener la redención social para tantos millones de colombianos ilusionados con su elocuente demagogia, probablemente se convertirán en una nueva y peligrosa frustración.
Peligrosa porque siempre estará latente la opción de romper la estructura institucional apelando a una constituyente o a cualquiera otro esquema de facto que prolongue su período, bajo la excusa de que necesita más tiempo para cumplir su oferta de cambio histórico.
Los temores de un importante sector de la población, tal como lo registran las recientes encuestas, son fundados. Hay anuncios que generan escozor. Hay propuestas como la del tren que conectaría a Buenaventura con la región caribe para competirle al canal de Panamá que generan hilaridad. Hay realizaciones en ciernes como la de la paz total que provoca una inconveniente ruptura en el equilibrio de poderes al ordenar, mediante un decreto reglamentario cuestionable por su evidente inconsistencia jurídica, la libertad de quienes están siendo judicializados por delitos comunes para convertirlos en gestores de paz.
Todo un desafío al poder judicial dado que los jueces son los únicos que pueden decidir sobre la libertad de los sindicados y no el gobierno a través de un decreto que, por lo demás, ignora y desconoce a las víctimas y al Ministerio Público como sujeto procesal que representa los intereses de la sociedad en el proceso penal, por expreso mandato constitucional.
Un nuevo año cargado de nubarrones e incertidumbres. Aún así, o por ello mismo, los mejores deseos para todos los amables y pacientes lectores.
