La razón por la que la ministra de Minas y Energía Irene Vélez tomó la decisión se debe a la “gran cantidad de contratos que hay”. Para la alta funcionaria la prioridad es apostarle a la transición energética.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Este panorama no es nuevo en Colombia pues desde que llegó al poder el presidente Gustavo Petro se venía vislumbrando la idea de que el país entraría de lleno a una etapa de transición energética. Aunque esto se había ‘pasmado’ de alguna manera, ayer, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció que no dará más contratos de exploración de petróleo y gas debido a que ya existen bastantes.
Ahora bien, detrás de este argumento hay uno un poco más fuerte y es que la apuesta gubernamental se centra en la mitigación del cambio climático, aspecto en el que, si bien Colombia no es tan protagónica en su aporte en las emisiones globales, sí busca asumir su responsabilidad y, desde el ejemplo, ser referente a otras economías a dar pasos importantes en esta materia.
Actualmente el país tiene 121 contratos en ejecución, 37 en trámite y otros 36 que se encuentran suspendidos y a la espera de su reactivación, según lo explicado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
Lo anunciado era otra cosa
En noviembre del año pasado el ministro Ocampo había dicho que el Gobierno de Petro no está cerrado a nuevos contratos de exploración y explotación, este jueves la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez dijo (en su participación en el Foro Económico en Davos, Suiza) que no se aprobarán más contratos de explotación.
En ese sentido y lo que argumenta la ministra es que las actuales reservas de Colombia son suficientes para atender la demanda nacional, ya que de lo contrario el país tendría que comenzar a importar estos combustibles, lo que le restaría su autosuficiencia energética y subiría los precios (no solo de los combustibles, sino también de los alimentos y otros productos por aumentar los costos del transporte y la producción).
Respaldo de BID
En el marco del Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), el presidente Gustavo Petro logró el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su plan de transición energética. Hay que recordar que las apuestas gubernamentales se han querido encaminar hacia la generación de energías más limpias, como lo es el hidrógeno verde.
Se trata de US$74,5 millones, de los cuales, US$70 millones serán para impulsar la política de transición energética. Según lo comunicado por Presidencia, se proyecta a que estos dineros sean invertidos en infraestructura y tecnología en comunidades energéticas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 73,5 millones de dólares para impulsar la transición energética y en la implementación del Plan de Contención de la Deforestación en la Amazonía, lo que se constituye en el primer apoyo de la banca multilateral al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En ese sentido se dio a conocer que 70 millones de dólares del BID serán dirigidos al fortalecimiento de la política de transición energética, uno de los pilares del Gobierno del Cambio.
La buena noticia también es que los US$3,5 millones restantes, se orientarán en la cuenca amazónica para el diseño y estructuración de mecanismos financiero, así como de un marco regulatorio para implementar el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y mecanismos de reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+).
La Cumbre de la Amazonía
El BID también dijo que podría apoyar, financieramente, la logística de la Cumbre de la Amazonía y sus mesas técnicas. Lo importante es que este no es el único apoyo que recibiría esta iniciativa pues en noviembre de 2022, y en el marco de la COP20, el Banco Europeo de Inversiones suscribió un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía para apoyar las energías limpias en el país.
Sumando a esto se tiene el apoyo con el que el mandatario ha contado con una amplia aceptación en el ámbito internacional. Ejemplo de esto es el compromiso que adoptó el Banco Europeo de Inversiones para apoyar al país en esta materia, el crédito por US$1.000 millones que le otorgó el Banco Mundial para financiar este plan, así como los US$74,5 millones que otorgará el Banco Interamericano de Desarrollo.
Así las cosas y con la puerta cerrada a las exploraciones de petróleo y gas inicia la cuenta regresiva para que Colombia implemente su plan de transición energética antes de que finalicen sus reservas. También es una realidad que el cambio climático es evidente y ya está generando estragos en la economía, lo que implica acciones urgentes.
RECUADRO:: En 2022 la demanda total de combustibles líquidos creció 14%
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) publicó el informe económico ‘Mercado de combustibles líquidos en Colombia en un contexto de transición energética’, documento que presenta un análisis sobre la evolución del sector en 2022 y las perspectivas para 2023 – 2032, a partir de información estadística oficial y teniendo en cuenta los resultados de una encuesta realizada por el gremio a un grupo diverso y representativo de agentes de toda la cadena.
Con el objetivo de mejorar la confiabilidad y la calidad del servicio de suministro de combustibles a todos los colombianos, los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos, comprometidos con el progreso nacional y regional, tienen programadas inversiones en el país por $3,3 billones para 2023.
Se confirmo así que en total de inversiones, $1,3 billones se destinarán a mantenimientos mayores en las refinerías y el resto a ampliaciones de la capacidad del sistema de poliductos y de plantas de abasto mayoristas; adecuaciones para cumplir el nuevo reglamento técnico; desarrollos tecnológicos; inversión ambiental y social; y proyectos de autogeneración con fuentes renovables, investigaciones en hidrógeno y modernización de estaciones de servicio hacia puntos de suministro de multi-energéticos.
De acuerdo con el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera, “esta inversión evidencia el esfuerzo de los agentes de la cadena por atender las necesidades de movilidad de los colombianos en todo el país y, al mismo tiempo, el interés de avanzar en la transición energética”.
Para respaldar estas apuestas por el país, como prioridades de política pública los agentes recomiendan aumentar la confiabilidad en el abastecimiento, desarrollando los almacenamientos estratégicos; continuar con el desmonte gradual de subsidios a los combustibles, mitigando los impactos en población vulnerable; y de esta forma promover una transición gradual y responsable, que garantice la seguridad energética y optimice los esfuerzos en la reducción de las emisiones en movilidad.
Demanda en crecimiento
En 2022 la demanda total de combustibles líquidos creció 14%, en reflejo de la dinámica económica, según el informe. Discriminadamente la demanda se dio de la siguiente manera; el consumo de diésel y gasolinas aumentó 12%, y la demanda de gasolina corriente compensó la caída del 29% en extra y el consumo de jet fuel aumentó 48%, superando los niveles prepandemia.
Entre 2023 – 2032, según ACP se espera que el total del consumo de combustibles líquidos continúe creciendo anualmente al 2,5% (gasolina y diésel alrededor del 2% y el jet al 4%), jalonado principalmente por el crecimiento económico, aunque ralentizado por la entrada de la movilidad eléctrica y a gas.
La expectativa es que, aún con una mayor penetración de la movilidad eléctrica (12% de las ventas anuales de vehículos), la participación de automotores convencionales a gasolina y diésel continúe siendo alta en 2032, alrededor del 90%.
Otros aportes
Se estima que durante 2022 el recaudo del Gobierno central y de los entes territoriales por impuestos a los combustibles fue de $7,5 billones (17% superior al valorado en 2021): $4 billones por impuestos nacionales (IVA, impuesto nacional a la gasolina y al ACPM e impuesto al carbono) y $3,5 billones para departamentos y municipios por la sobretasa a la gasolina y el ACPM.
Para 2023, teniendo en cuenta el crecimiento proyectado de la demanda y la actualización de las tarifas de los impuestos, se esperaría que el recaudo alcance niveles cercanos a los $9 billones.
En 2022 las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos generaron cerca de 150.000 empleos directos y 120.000 indirectos. Se espera que aumenten en un 4% para 2023. “Es decir que detrás de la garantía del abastecimiento de combustibles a los colombianos, está el esfuerzo y trabajo de 270 mil personas”, destacó el presidente de la ACP.
En 2022 se estima que el costo total del subsidio, otorgado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), a la gasolina y diésel estuvo cercano a los $39 billones. En promedio, el subsidio a la gasolina fue de $7.530 por galón y el del diésel de $10.580 por galón.
Para avanzar en una transición energética gradual y responsable en movilidad, los agentes de la cadena recomendaron fortalecer la coordinación interinstitucional y las sinergias entre agentes, continuar el programa de mezcla e impulsar el desarrollo de biocombustibles avanzados, promover la modernización especialmente del parque automotor de carga y pasajeros, entre otros.
