Recién elegido el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, esta tribuna expresó que producto de las triquiñuelas lideradas por las directivas del Congreso de la República que generó muchas suspicacias en la opinión pública, por el marcado sesgo de favoritismo del gobierno nacional para imponer el máximo agente del Control Fiscal de la Nación de bolsillo. La salida de este alto funcionario es otro golpe para el gobierno Petro, que apoyó con todos los fieros a este candidato durante las elecciones que se hicieron a las patadas, como lo probó el Consejo de Estado, y a las carreras. Uno de sus mayores apoyos fue el exsenador Roy Barreras, un alfil del presidente de la República que justamente salió del Congreso hace unas semanas por otra decisión de este alto tribunal. El saliente contralor no tiene cómo pelear su salida, pues la decisión del alto tribunal no tiene ningún otro recurso.
Lo anterior quedó plasmado en la ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno, el Consejo de Estado determinó que en el trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, por cuanto se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación. Muy bien sustentada la decisión.
A buena hora, este alto tribunal, resolvió favorablemente una demanda entablada por los congresistas Jennifer Pedraza, Jorge Alberto Gómez y Cristian Avendaño; los magistrados concluyeron que hubo graves irregularidades en el trámite que llevó a cabo el Congreso para finalmente elegir a Rodríguez el 18 de agosto de 2022. La demanda argumentaba que en la elección hubo vicios de forma y, sobre todo, que la tercera lista de elegibles representó una grave violación a varias normas. La responsabilidad la tuvo el Congreso de la República.
Finalmente, tras examinar todas las etapas de un proceso que empezó con la convocatoria abierta en enero de 2022 para el cargo de contralor, las pruebas de conocimiento, las entrevistas y la elección misma, la Sección Quinta determinó que Rodríguez debe dejar su cargo y que el Congreso debe iniciar de nuevo el proceso. Se hizo justicia. Algo destacable en este fallo judicial, es que las irregularidades las cometió el Congreso, no el contralor Rodríguez. Así, no tendría impedimento legal para volver a inscribirse y, eventualmente, para ser elegido de nuevo para completar los tres años largos que le quedan de periodo. Con ello, queda demostrado que no interesa los intereses de clase, ni políticos, desde el más bajo nivel hasta el máximo rango en la jerarquía de los servidores públicos; todos y absolutamente todos, deben ajustarse a la normatividad colombiana.
