El material de prueba da cuenta de que, al parecer, cobraban entre 8 y 26 millones de pesos por un paquete que incluía diploma de bachiller o de carreras universitarias y técnicas, con las respectivas actas de grado, certificaciones e informes de calificaciones con promedios entre 3.5 y 4.0.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción Nación logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado a la obtención ilícita de diplomas de bachiller y universitarios, libretas militares y otros documentos; además de intervenir ilegalmente en procesos de contratación pública.
Los procesados son: Héctor Martínez Palomino; Juan Guillermo Benavides Castañeda, funcionario de carrera del Ministerio de Trabajo; Luz Marina Amaya Cruz y Norberto Herrera Parra, excontratista de la Gobernación de Risaralda.
En la investigación se estableció que, al parecer, cumplían diferentes roles ilícitos como ubicar posibles ´clientes´, contactar trabajadores de centros educativos privados o públicos, y gestionar la modificación de bases de datos y registros para que fueran incluidos como egresados personas que nunca estuvieron inscritas ni asistieron a clases en los colegios o universidades que expedían los títulos.
De acuerdo con el material de prueba, la red delictiva, supuestamente, cobraba entre 8 a 26 millones de pesos por diplomas de prestigiosas instituciones en Bogotá y el Eje Cafetero. Por ese valor entregaban diploma, acta de grado, y certificaciones de estudios y de notas con promedios de 3.5 a 4.0.
La Fiscalía detecto múltiples eventos en todo el país. En uno de estos, la organización delincuencial consiguió diplomas de bachillerato y varias libretas militares falsas para los nietos de una adulta mayor. Asimismo, tramitó el título universitario de enfermería a una joven; y los de ingeniería industrial y trabajo social a un hombre. También se conoció que obtuvo una certificación para que una mujer ejerciera la homeopatía y superara los controles de las autoridades de salud.
Las evidencias indican que algunos de los procesados habrían mediado en entidades públicas para que fueran direccionados proyectos y contratos a personas específicas. Por esta actividad, presuntamente, exigían el 10% del contrato asignado.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red los delitos de concierto para delinquir y obtención de documento público falso. Adicionalmente, a Luz Marina Amaya Cruz le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de una juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
