En el avance en la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en Isla Barú, Cartagena (Bolívar), la Fiscalía General de la Nación tomó medidas para afectar el patrimonio de tres de los presuntos implicados en el crimen.
En una operación llevada a cabo en Bogotá y Rionegro (Antioquia), un equipo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en colaboración con investigadores del CTI, impuso medidas cautelares que incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres propiedades y dos vehículos. Estos activos estarían vinculados a tres de los señalados como implicados y a una persona más.
Se estima preliminarmente que el valor total de los bienes ocupados supera los 800 millones de pesos.
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Según los elementos de prueba, los activos estarían registrados a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya, su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, y Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, procesados por el crimen. Virgelina Hoyos Durango habría prestado su nombre para ocultar algunos de los activos.
En el curso de la investigación penal, se estableció que Margareth Lizeth Chacón Zúñiga participó presuntamente en la planificación del asesinato junto a su pareja y cuñado. Además, habría proporcionado una camioneta utilizada en las reuniones donde se concretó la acción criminal. Las otras dos personas, Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño, admitieron haber vigilado y seguido a la víctima antes del homicidio, señalando la ubicación exacta del fiscal en la playa para facilitar el ataque de los sicarios.
Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión por estos hechos.
Los bienes afectados quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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