El 20 de septiembre inician las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia, dentro de la demanda de Nicaragua contra Colombia por supuestas violaciones de sus derechos. Para su defensa, el Gobierno cuenta con internacionalistas de primer nivel, que ya plantearon sus argumentos en la etapa escrita.
En agosto, sin embargo, el Gobierno convocó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para informarle quizás, que no para consultarle sobre la defensa, pues ese proceso ya se surtió y, además, en asuntos tan estratégicos una defensa no se construye en dos semanas. Creo que el Gobierno no quería repetir lo de noviembre de 2020, cuando fue obligado a convocarla por el Consejo de Estado, en otro episodio del “gobierno de los jueces”.
Dos acotaciones importantes: La primera, que ojalá Colombia esté realmente preparada para esa etapa de cierre, no solo porque en 2012 perdimos el 40% del mar territorial y el país no resistiría otro golpe, sino porque el demandante es un dictadorzuelo bolivariano y, por ello, el pleito es importante para el Socialismo del siglo XXI y el comunismo internacional, con Rusia y China en Venezuela y atentos a lo que pase abajo de Estados Unidos, como en tiempos de la Guerra Fría.
La segunda tiene que ver con la Comisión. Más allá de los pleitos entre expresidentes, de la falta de sentido de oportunidad del Gobierno, o de su intención de evitar otra intromisión de los jueces, el problema es la comisión misma, que ya no responde a su cometido.
Nacida en 1912, tras el descalabro de Panamá, la Comisión contó con grandes internacionalistas, como Alfonso López, Alfredo Vásquez, Germán Zea, Indalecio Liévano y Diego Uribe, y hasta 1982, cuando entraron los expresidentes, estaba conformada solo por miembros del Congreso.
En 1991, con esa tendencia a elevar todo a “rango constitucional”, hasta un Acuerdo de Paz que no fue de paz, firmado con unos narcoterroristas, la vieja y muy importante Comisión, aunque solo pueda aconsejar al presidente, fue también elevada a rango constitucional.
Hoy, con facultades de Relaciones Internacionales y estudiosos de la diplomacia, el Derecho Internacional y la historia de las relaciones exteriores, temas a los que hoy se suman el comercio internacional, los Derechos Humanos y el DIH, pues la Comisión debe ser otra.
Lo digo con respeto por el valor de su experiencia, pero un expresidente, por el solo hecho de serlo, no es un experto, aunque algunos lo sean; y un congresista tampoco lo es, solo por estar en la Comisión Segunda.
A la Comisión hay que “desconstitucionalizarla” y restarle peso a lo político, para sumarle a lo académico, con expertos en Derecho Internacional y estudiosos de las relaciones internacionales. Sería una Comisión más útil en los tiempos que corren.
Mientras tanto… ¡Ojo con Nicaragua!, un enemigo peligroso.
