La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha revelado este martes un contundente informe que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
La investigación, que detalla persecuciones políticas y represión sistemática, se extiende tanto a los días previos como a los posteriores a los comicios, encendiendo las alarmas en la comunidad internacional.
El informe, que amplía las conclusiones presentadas en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta violaciones a los derechos humanos atribuidas al gobierno venezolano, a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados civiles progubernamentales. Entre los crímenes identificados, se destacan detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta duración y actos de violencia sexual. Estas violaciones, según la Misión de la ONU, responden a un plan orquestado con el objetivo de silenciar a los opositores políticos o a aquellos percibidos como una amenaza para el régimen.
Uno de los puntos más alarmantes del informe señala que la persecución fue especialmente intensa contra líderes y seguidores de la oposición durante todo el proceso electoral. Los métodos represivos, según el documento, no solo incluyeron la coacción política, sino también la violencia extrema. “25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en recientes hechos de violencia relacionados con las elecciones, mientras que cientos de personas resultaron heridas y miles fueron detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, detalla la Misión.
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Entre las víctimas de estas violaciones no solo se encuentran opositores políticos, sino también sectores especialmente vulnerables como niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. La investigación subraya que, en muchos casos, las personas detenidas no tuvieron acceso a abogados de su elección, y se enfrentaron a amenazas, incluyendo torturas, para que se autoincriminaran en delitos graves como el terrorismo.
El informe de la Misión establece paralelismos entre las violaciones de derechos humanos cometidas en las elecciones de 2024 y las prácticas represivas documentadas en investigaciones previas. “Las graves violaciones investigadas durante este período reflejan un patrón continuo de conducta, ya calificado previamente por la Misión como crímenes de lesa humanidad”, se lee en el reporte.
Las desapariciones forzadas de corta duración y la violencia sexual son algunas de las tácticas denunciadas por el informe, con un trasfondo claramente discriminatorio.
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