Por fin el gobierno nacional se dio cuenta del accionar violento de los grupos narcoterroristas que ejercen sobre los municipios del Cauca, que el sofisma de distracción de la implementación de la Política pública de la Paz Total, que hasta el momento ha sido un fracaso total y que de manera unilateral suspendió el accionar de las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública, contra la criminalidad en el departamento del Cauca y otras regiones del país. Resultado de lo anterior, ha sido el fortalecimiento militar de las estructuras delincuenciales en las mayorías de las regiones del país, las cuales siguen cometiendo masacres, asesinatos selectivos, secuestros reclutamiento de menores de edad, hurtos, atracos, extorsiones, ataques a las estaciones de policía y a la población civil y narcotráfico, entre otros delitos, que tienen hastiadas a las familias y empresarios por la destrucción paulatina de su tranquilidad y de la dinámica productiva del país. Es la triste realidad que estamos viviendo. El Huila no se sustrae de este flagelo de la violencia. De nada han servido los diálogos que se han venido desarrollando en la Habana. El 30% del territorio colombiano está en manos de las estructuras criminales.
Por tal motivo, los reiterados ataques salvajes a los organismos de seguridad del Estado y a las comunidades en los municipios caucanos por parte de las organizaciones narcoterroristas, obligó por fin al gobierno nacional, de hacer presencia ofensiva del ejército colombiano y de la fuerza pública, para contrarrestar a estas estructuras criminales. 1.400 integrantes de estas instituciones hacen presencia en el corregimiento El Plateado del municipio de Argelia. A través de las imágenes que nos presentaron los medios de comunicación y las redes sociales, se pudo detectar que el 75% de este territorio está sembrado de coca. De razón que estas localidades se han convertido en el material comburente para que exista esta violencia irracional que se presenta, que, junto con los carteles de la droga mexicanos, se han convertido en el verdadero dolor de cabeza para las familias que residen en dichos territorios. Todo lo anterior con la anuencia del gobierno nacional, que ha generado las condiciones propicias para que existan más 300 mil hectáreas sembradas de coca y marihuana. Así es muy difícil que se termine este fenómeno.
Los ministros que acudieron el sábado anterior, por orden presidencial, andaban asustados con trajes y chalecos antibala, a pesar de la protección de las fuerzas militares. Se tomaron las fotos y se fueron a montarse rápidamente en los helicópteros. Así lo expresaron las comunidades de esta localidad a través de las redes sociales. Dejaron promesas que iban a desarrollar grandes proyectos de desarrollo social y económico. Esperamos que les cumplan y no se vuelvan palabras al viento, como los han tenido acostumbrados durante décadas.
