El proceso de debilitamiento progresivo que están presentando las fuerzas militares y la fuerza pública, están generando un aumento de la presencia de grupos insurgentes en algunas regiones del país. Los mismos gobernadores y alcaldes donde están haciendo presencia estas organizaciones, han lanzado una S.O.S., por el aumento de su accionar subversivo. En el departamento del Huila, la clase política, los comerciantes y campesinos, entre otros actores se sienten bastante preocupados por el aumento de la extorsión y amenazas que han venido recibiendo durante los últimos seis meses. Desafortunadamente la mano tendida que les ha brindado el gobierno nacional, mediante el cese unilateral del aparato armado del Estado, ha permitido que dichos subversivos se hayan fortalecido. Es el grito y el desespero de algunos gobernadores y alcaldes que le han venido expresando al presidente Gustavo Petro Urrego.
Diariamente las familias colombianas se sienten atemorizados ante la proliferación de organizaciones criminales que están generando ambientes desestabilizadores en los municipios del país, desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades para contrarrestar a estos actos delincuenciales. La sociedad colombiana se encuentra hastiada por el aumento de la inseguridad ciudadana. A pesar de que se escuchan cifras oficiales, que se van incrementando en los últimos meses, las familias cada vez se ven expuestas a ser víctimas de atracos, lesiones, extorsiones y en muchas ocasiones en asesinatos.
En el reciente paro armado provocado por el Clan del Golfo, al menos 11 departamentos se vieron afectados, según cuentas de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha llevado un monitoreo de los hechos. La tensión que se vivió en las regiones fue especialmente grave en la Guajira, Antioquia y Chocó, donde la mayoría de los municipios hubo eventos relacionados con el paro. En total, en 178 municipios del país se registraron hechos violentos.
Nuestro departamento no escapa de este flagelo. Funcionarios públicos, diputados, concejales, comerciales, campesinos, entre otros, están siendo amenazados y extorsionados por parte de estas organizaciones delincuenciales. Lo que procede ahora es que el Estado redoble esfuerzos en estas regiones afectadas por el poder ilegal de estas organizaciones. Es una tarea en la que no se puede cejar y que debe concluir en la desarticulación definitiva de estas poderosas bandas criminales y que le están haciendo conejo al llamado del gobierno nacional dentro de su estrategia para la búsqueda de la paz. Sobre todo, se debe fortalecer el imperio de la ley y del Estado colombiano en esas zonas que aún hoy siguen malviviendo bajo la férula de las organizaciones criminales de todas las calañas y que por temor o por física falta de oportunidades en la legalidad se vuelven funcionales para oscuros intereses.
