La Corte Constitucional, en un fallo a favor de un vendedor informal en Ibagué, le ordena a las autoridades administrativas a usar un lenguaje comprensible en las decisiones que emiten.
La Corte Constitucional ha ordenado a las autoridades administrativas utilizar un lenguaje claro y comprensible en sus decisiones. Esta medida fue adoptada luego de que la Sala Primera de Revisión fallara a favor de Víctor, un vendedor informal de Ibagué, cuyo puesto de ventas estaba en riesgo de ser demolido por orden de la Policía. El fallo, redactado por la magistrada Natalia Ángel Cabo, subraya la importancia de que las actuaciones administrativas sean accesibles y entendibles para el público general, en aras de proteger derechos fundamentales como el debido proceso, la confianza legítima, el trabajo y el mínimo vital.
El caso
El caso que llevó a esta determinación se originó en 2022, cuando una concesionaria de carreteras presentó una querella policiva contra Víctor, argumentando que su caseta de venta de bebidas estaba haciendo un uso indebido del espacio público. La concesionaria señaló que el comerciante había extendido una placa de cemento hasta la autopista, lo que llevó a la inspección de policía de Ibagué a declarar a Víctor infractor y ordenar la demolición de la caseta. Víctor, en un intento por cumplir con lo requerido, demolió la extensión de cemento y notificó a la inspectora de policía sobre el cumplimiento de su compromiso.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la autoridad, al verificar los cambios realizados, consideró que la ocupación del espacio público persistía y decidió continuar con las diligencias para demoler la caseta. Ante lo que consideró una vulneración de sus derechos fundamentales, Víctor interpuso una acción de tutela, argumentando que sus derechos al debido proceso, confianza legítima, trabajo y mínimo vital estaban siendo violados.
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Falta de claridad
La Sala Primera de Revisión, al estudiar el caso, encontró que uno de los principales factores que desencadenó el conflicto fue la falta de claridad en las decisiones administrativas. La Corte determinó que la autoridad de policía no explicó adecuadamente su decisión, lo que llevó a que Víctor no comprendiera plenamente el alcance de su responsabilidad ni las implicaciones de la misma. Este hecho, según la Sala, constituye una violación del derecho al debido proceso, ya que la falta de claridad en las actuaciones administrativas puede hacer imposible que el público las comprenda y, por ende, impide la posibilidad de controvertirlas de manera efectiva.
La Corte Constitucional identificó varios escenarios en los que el lenguaje utilizado por las autoridades administrativas no es claro, como el uso exclusivo de lenguaje técnico o especializado, o la dependencia de fórmulas rituales que no aportan claridad al ciudadano común. Ante esta realidad, la Sala ordenó que las autoridades deben expresarse de manera accesible para el público, asegurando que las decisiones sean entendibles para todos.
Deben ofrecer alternativas
Además de anular el proceso policivo contra Víctor, la Corte exigió a la Alcaldía de Ibagué ofrecer alternativas de subsistencia antes de proceder con cualquier orden de demolición. También instó a la Red de Lenguaje Claro a colaborar con la Inspección de Policía de Ibagué para garantizar que futuras decisiones sean comunicadas de manera clara y comprensible.
Este fallo refuerza la necesidad de un lenguaje claro en las actuaciones administrativas, no solo como un requisito técnico, sino como una garantía fundamental para la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
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