En la lista, entregada a la JEP, aparecen exsenadores, exgobernadores y exdiputados. Las declaraciones del máximo líder del Clan del Golfo están siendo investigadas para comprobar su veracidad.
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ha dejado claro a la justicia colombiana que tiene mucho por contar, e incluso, en una de las audiencias, dio a conocer un listado de nombres entre los que aparecen varios políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo. Inicialmente se conoció que entre los mencionados se encontraba el hoy candidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez, pero este 1 de mayo diferentes se conoció la que sería la lista completa.
De acuerdo con la Revista Cambio, el listado que hoy está siendo investigado lo integran 63 nombres y en la investigación del mecanismo de justicia transicional se señala que los mencionados podrían estar relacionado con “hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, sin expresa facultad legal, con un grupo específico de justicia privada, paramilitar y de autodefensa”.
Dentro de los primeros nombres aparecen el hoy senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto; los excongresistas Milton Rodríguez Sarmiento, Jorge Camilo Abril Tarache y Carlos Cárdenas Ortiz; el exministro de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega; el exdirector del DAS, Jorge Noguera, y el subdirector de esta misma entidad, Orlando Rivas Tovar. Además, aparecen los exgobernadores de Casanare: William Hernán Peláez, Miguel Ángel Pérez Suárez, y Óscar Raúl Iván Flórez.
El senador Miguel Ángel Pinto, en su cuenta de Twitter publicó un comunicado donde solicitó a la JEP que “se haga una verificación con nombres completos, apellidos y número de cédula, para tener claro a quién se ha hecho referencia en la declaración, pues se trata de un caso de homonimia”.
Alcaldías y universidades
En la declaración, el otrora comandante del Clan del Golfo aseguró que las alcaldías de Casanare pagaban a los grupos criminales una clase de tarifa a los grupos relacionados con el Clan de Golfo: “Sí había un impuesto que tenían que pagar las alcaldías o contratistas daban el 5 % a la organización de los contratos que salieron en los municipios o en la gobernación”.
Además de los funcionarios y exfuncionarios, se mencionó a algunas corporaciones y centro de estudio del país: la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad de Cartagena y Ecopetrol.
“Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total (…) Allí está el hospital directamente el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”, citó la revista colombiana del documento que está siendo estudiado por la JEP.
El primer nombre que se conoció fue el del funcionario y general del Ejército Mario Montoya Uribe. El extraditable lo señaló de, supuestamente, haber recibido dinero y prebendas de las AUC a cambio de traslados de militares y otras acciones irregulares.
Según Otoniel, Montoya habría ordenado el traslado del también general en retiro Leonardo Barrero Gordillo. El cambio habría ayudado a que este último presuntamente participará de la ejecución extrajudicial de civiles. Cabe anotar que el mismo general Barrero fue señalado recientemente de haber ayudado a escapar de la cárcel La Picota a Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba.
Adicionalmente, Otoniel aseguró que Montoya recibió una suma de dinero y, supuestamente, un apartamento por haber garantizado este cambio.
