La sociedad colombiana se encuentra sorprendida por el accionar gubernamental del presidente Gustavo Petro Urrego, que a medida que avanzan los meses de su mandato, toma medidas que van contra la lógica institucional que ha tenido el país, durante las últimas décadas. Desde el presidente hasta los ministros, han venido planteado algunas medidas que son sanas pero que se encuentran totalmente descontextualizadas del orden social que reflejan improvisación y falta de experticia que deben tener los funcionarios, cuando asumen responsabilidades de Estado. Muchas de ellas llenas de sesgos ideológicos, odios al sector empresarial y acciones revanchistas que desdibujan la racionalidad que debe caracterizar a la formulación de políticas públicas. No hay derecho que se haya promulgado un Decreto presidencial, que le quita las facultades de vigilancia y control a la policía nacional para no multar a los distribuidores y consumidores de sustancias sicoactivas en el país.
Con esta medida, los padres de familia se encuentran angustiados por la falta de control a los jibaros que deben encontrarse felices porque por fin el gobierno nacional les facilita desarrollar libremente este negocio demoniaco, que induce a las nuevas generaciones hacia el infierno de las drogas. De nada han servido las declaraciones del presidente y de algunos de sus ministros para justificar esta medida. Mediante esa retórica barata, que solo se la creen los integrantes de sus movimientos políticos afectos, están generando cada vez más repudio de la ciudadanía en general. Consideramos que el primer mandatario de los colombianos debe derogar esta medida. El presidente debe colocarse la mano en el pecho y colocarse en la suela de los zapatos de los padres de familia que se encuentran muy preocupados y angustiados por este esperpento de medida.
Como lo afirma el columnista de el Tiempo, Juan Lozano en su columna semanal de este fin de semana, con esta medida absurda: “hay que perseguir a los delincuentes en vez de facilitarles sus delitos. Que no nos vengan con cuentos. La cosa es clara: en materia de microtráfico en parques, calles y lugares públicos, los niños son las víctimas reales o potenciales y los jíbaros son los victimarios. Una vez más, se puso en peligro el derecho prevalente de los niños por la vía de facilitarles su empeño criminal a los jíbaros. Vuelve y juega. Primero los victimarios que las víctimas”. Totalmente de acuerdo. No hay derecho que ésto ocurra en este amado país. El flagelo de las drogas es el caldo de cultivo, para que ocurra todo el accionar delincuencial que crece exponencialmente en el país, que tiene postrada y sumida a todas las familias colombianas, que se encuentran inermes ante la arremetida de estas bandas criminales, desde hace 16 meses. El ejecutivo debe hacer una reingeniería a su estilo de gobierno cada vez más desacreditado a nivel nacional e internacional.
