El desespero fiscal del gobierno nacional, para buscar el saneamiento de las finanzas públicas ha vuelto a revivir la propuesta de las anteriores administraciones de vender algunos activos estatales, entre las que se encuentran varias electrificadoras. La del Huila, revive el interés de subastarla. La decisión expresada por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, dichos activos no se venderían al sector privado, sino a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) o al Grupo de Energía de Bogotá (GEB). Aunque, desde tiempos pretéritos, se han venido auscultando la posibilidad de que la mayoría de la composición accionaria de la Electrificadora del Huila sea adquirida por la gobernación del Huila, alcaldías y algunos inversionistas de la región, que actualmente representa el 83,05% en poder de la Nación, el 9,54% para el Departamento, el 5,03% lo posee el Infihuila y los municipios el 2,38%. Pero la decisión ya está tomada. En caso de subastarlas, se les venderían a estos dos conglomerados.
El abultado déficit fiscal que poseen las finanzas nacionales ha generado al equipo económico del alto gobierno, el deseo de vender algunos activos donde está presente el gobierno nacional (103 en total) cuyo valor patrimonial asciende a $78 billones. La sola empresa de la Electrificadora está valorada aproximadamente en una cifra que se acerca al billón de pesos. De ahí, el interés del ejecutivo nacional de feriar èsta y siete más en otros departamentos.
Lo que preocupan a los usuarios, es el incremento de las tarifas que se encuentran indexadas al incremento del IPC (10,21%) e IPP (32,85%). De acuerdo con estas variaciones a julio de 2022, todas las familias colombianas debemos pagar un incremento del 43,06% frente a julio de 2021. Además, el costo del contrabando de energía, no la cobran en los recibos que nos llegan. Es una estocada fatal para los exiguos ingresos para toda la economía. El gobierno del presidente Gustavo Petro, debe revisar con prontitud esta reglamentación regulatoria de energía. Cada vez se está presentando un proceso de pauperización de la sociedad en general, así digan lo contrario los integrantes del equipo económico del gobierno nacional. Esto no puede continuar. Observemos las crecientes protestas sociales que se están presentando en los departamentos de la costa atlántica.
En caso de que ocurra este esperpento tributario, hay necesidad de cobrarle al gobierno nacional, todo el costo que los entes territoriales, han invertido en el fortalecimiento de la infraestructura para la electrificación rural. No dejemos avanzar este pendiente que tiene la empresa con el erario regional. Hay que realizar un cálculo actuarial. Que no nos cojan desprevenidos, señor gobernador y alcaldes del departamento. Ya conocemos la forma de actuar de los funcionarios a nivel nacional. Ellos, no miran desde sus oficinas, estas temáticas.
