Por Juan Pablo Liévano
La reforma tributaria presentada por el Gobierno, además de problemas frente al impuesto al patrimonio, dividendos, ICA y ganancias ocasionales, contiene otros aspectos con tratamiento inadecuado, en asuntos como los incentivos tributarios, rentas exentas, deducciones, impuestos a las pensiones, impuestos ambientales y al consumo por salud pública e impuestos a las exportaciones y regalías. Los incentivos tributarios, rentas exentas y deducciones tienen varios peros. Parece un exceso limitar las rentas exentas y las deducciones de las personas naturales, al no tomar un porcentaje fijo de los ingresos, sino establecer un monto absoluto como beneficio, lo cual desincentiva el ahorro. Igualmente, se establece un límite del 3% a las deducciones, rentas exentas y descuentos, calculado sobre la renta líquida, que desincentiva las inversiones en aspectos como la educación, la investigación y el desarrollo, el medio ambiente y las donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Y si a esto le sumamos las derogatorias, se está renunciado a hacer política pública mediante el fomento tributario a actividades necesarias para el desarrollo del país. Con relación a las pensiones, partiendo de la base que se trata de ahorros personales, independientemente de los problemas del régimen de prima media, la filosofía en el proyecto implica corregir los problemas del sistema por la puerta de atrás. No es adecuado gravar las pensiones, desde un punto de vista lógico y congruente de su Génesis, al ser parte del ahorro acumulado para la vejez. Con relación a los impuestos ambientales y al consumo por salud pública, tenemos el impuesto al carbono, a los plásticos de un solo uso y a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados. Con relación al impuesto al carbono, se incluye el carbón como bien sometido a dicho impuesto. Los impuestos a los plásticos de un solo uso, con la buena intención de desincentivar su uso implicarán un aumento de los precios de los bienes básicos. Con la misma intención y resultado, y en perjuicio de los más pobres, se gravarán las gaseosas y los embutidos. Respecto a la explotación de los recursos naturales, con los impuestos a las exportaciones y las regalías, no tendría sentido gravar las exportaciones, ni tratar a las regalías como no deducibles. Un régimen coherente gravaría las rentas, no las exportaciones, y no trataría como no deducibles las regalías, pues estas provienen de los mismos ingresos. En Colombia se insiste en gravar a las actividades, los ingresos y el patrimonio y no a las utilidades. Nadie duda que la pandemia significó un duro golpe para las finanzas públicas y que la reforma tributaria es necesaria. El problema de la reforma no está en el monto per se, sino la forma en que está planteada, en perjuicio de la inversión, el ahorro y el crecimiento económico y que no se abordan otros problemas que pueden generar mayor recaudo o mejor uso de los recursos como la evasión, la informalidad, la corrupción y el despilfarro, por lo que no se dirige a fomentar el crecimiento económico, lo que verdaderamente implicaría mayores recursos tributarios, y efectivamente contar con más empresa y más empleo como pilares del bienestar de la ciudadanía.
