Distintos sectores de la opinión pública, así como analistas y dirigentes políticos, han criticado duramente la decisión anunciada por la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos al excandidato presidencial Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato cuando era gobernador de Antioquia.
El ente acusador ha argumentado que el contrato en cuestión, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre la Gobernación de Antioquia y el Banco Corpbanca, no se hizo ninguna proyección sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario, lo que habría provocado a la larga un detrimento patrimonial para la entidad.
Algunos han calificado la maniobra como politizada de cara a las elecciones de 2022, que criminaliza un riesgo completamente normal para las entidades que contraen préstamos en moneda extranjera.
Incluso, varios sectores ideológicamente opuestos a Fajardo han salido a darle un espaldarazo, como el caso de la senadora Paloma Valencia, del partido de gobierno, quien alertó sobre la judicialización de la política al expresar su solidaridad hacia Fajardo.
En su cuenta de Twitter, la senadora escribió: “Es muy grave para el país que se siga judicializando la política. Urge una reforma a la justicia que cree instituciones eficientes y confiables para todos. Toda mi solidaridad con Sergio Fajardo”.
