El Gobierno de Panamá ha anunciado medidas más estrictas para controlar la afluencia de migrantes que ingresan al país a través de la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Colombia.
El objetivo principal de estas medidas es frenar la creciente ola migratoria que busca llegar a Estados Unidos.
La directora nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, declaró en una conferencia de prensa que el país comenzará a deportar a migrantes que ingresen de manera irregular. Estas deportaciones se llevarán a cabo de manera progresiva y paulatina, según las capacidades y el presupuesto disponibles.
Uno de los cambios significativos es el aumento de los requisitos financieros para ingresar y permanecer en el país. Actualmente, una persona debe presentar 500 dólares en el aeropuerto para obtener una estadía de 90 días en Panamá. Sin embargo, el gobierno considera que esta cantidad no es adecuada y buscará un nivel de solvencia mayor como resultado del perfilamiento de las unidades migratorias.
«Las autoridades de seguridad del aeropuerto harán entrevistas previas para determinar si la persona que ingresa merece los 90 días de turismo o si se le otorgarán 15 días, durante los cuales garantizaremos que la persona salga del país y no permanezca aquí ilegalmente», explicó Gozaine.
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El Darién ha sido una ruta peligrosa y desafiante para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos provienen de América Central y otros países en busca de mejores oportunidades económicas y seguridad. La decisión de Panamá de reforzar las deportaciones se suma a los esfuerzos regionales para controlar el flujo de migrantes en América Central y frenar la migración irregular.
Con relación a dicha problemática, el presidente colombiano Gustavo Petro, se había pronunciado días atrás, señalando que “Si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién hay que desbloquear económicamente a Venezuela”.
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