La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una advertencia sobre la preocupante situación de violencia infantil en Colombia, calificándola como «inconcebible y reprochable».
A pesar de las disposiciones constitucionales y legales que obligan a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el panorama actual muestra un peligro constante al que están expuestos.
El ente de control ha alertado que los menores continúan siendo víctimas de violencia física, sexual y psicológica, así como de situaciones de acoso escolar, negligencia y abandono infantil. Además, la práctica de uniones tempranas, matrimonios forzados, el trabajo infantil y el reclutamiento forzado representan contextos de riesgo que requieren atención urgente por parte de las autoridades.
Los datos recopilados por el Instituto de Medicina Legal revelan una realidad alarmante: en diciembre de 2023, 607 menores de edad fueron víctimas de muerte violenta, mientras que en enero de 2024 se reportaron 44 casos de lesiones fatales en menores. Además, las cifras de violencia intrafamiliar son igualmente preocupantes, con 12,532 casos registrados en 2023 y 1,244 casos reportados entre enero y febrero de 2024.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también ha informado sobre la cantidad significativa de niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de procesos de restablecimiento de derechos, destacando casos de omisión o negligencia, violencia sexual, permanencia en la calle, abandono, violencia física y violencia psicológica.
Ante esta grave situación, la Procuraduría ha instado a las autoridades responsables, incluyendo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Policía Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a tomar medidas inmediatas para reducir los factores de riesgo y proteger a los niños y niñas de nuevas vulneraciones.
La Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer ha enfatizado que el derecho a la integridad personal de esta población es prioritario, y que es fundamental redoblar esfuerzos para garantizar su protección y bienestar continuo.
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