Diario del Huila

 ¿Pasará la reforma Corcho?

Mar 4, 2023

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POR: Jorge Eliseo Cabrera Caicedo

 Al momento de escribir esta columna se conocía la desgarradora noticia del asesinato del sub intendente Ricardo Arley Monroy Prieto de un disparo de fusil AK-47 en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán, en un enfrentamiento entre la “guardia campesina” y la legítima autoridad de la Policía Nacional. Colombia es el único país del mundo en donde las fuerzas de la Policía y del Ejército Nacional son humilladas, se asesinan o torturan sus miembros, o son secuestrados (no retenidos), sin que se sancionen ejemplarmente sus autores, llámense comunidades indígenas, narcotraficantes, disidentes o toda clase de organizaciones ilegales. Se encuentran secuestrados casi un centenar de policías y de empleados de la empresa petrolera Esmerald Energy. Es inaudito.

Quienes consideran que con la salida del Ministro de Educación Alejandro Gaviria se impuso la línea dura de la reforma a la salud, están equivocados. En efecto, los llamados partidos de gobierno liberal, conservador y de La U presentarán el próximo lunes su propuesta de reforma, la cual seguramente se apartará en aspectos fundamentales de la oficial. De no ser aceptada, presentarían su propio articulado. Además, es bien conocida la posición del Centro Democrático y de Cambio Radical, ambos con proyectos propios de mejoramiento del actual sistema de salud, y no de su destrucción.

Ahora bien, no creemos que se logre un consenso político sobre la reforma a la salud, en virtud de la primacía de la ideología gobernante, cuyo objetivo es la polarización, la división y los enfrentamientos sociales.

La obsesión del gobierno de que todo está mal, lo llevó a dictar el Decreto 217 del 16 de febrero de 2023 para el presidente reasumir algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios, el cual fue suspendido por el Consejo de Estado, garantizando de esta manera la supervivencia de la participación privada-pública en la prestación de los servicios públicos.

No se puede pretender gobernar a nombre del pueblo cuando la gran mayoría de la población rechaza las propuestas ideologizadas del gobierno. 

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