La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), tras un juicioso estudio, concluyó que es imposible continuar con el negocio, una alianza público privada (APP), que a mala hora se firmó en el año 2018, para sacar de las profundidades del lecho marino el galeón San José, hundido por la armada inglesa al frente de las islas del Rosario en el año 1708 y que contiene además de parte de la historia de nuestra nación, restos de sus tripulantes y el tesoro que se remitía a la corona española, recogido en el virreinato del Perú durante tres años; y repartir el hallazgo de monedas repetidas, como retribución por la extracción.
Por supuesto, que la razón acompaña a la ANDJE; no es posible repartir el patrimonio cultural sumergido de todos los colombianos, bajo el argumento de la repetición como pretende dicho acuerdo de asociación público-privada (APP). ¿Se imaginan los lectores, que los egipcios permitieran el reparto de las momias, con empresas comerciales que ayudaran a rescatarlas, con la explicación de que hay muchas repetidas? El pecio debe conservarse en su integridad; porque a pesar de la explosión del galeón que provocó su hundimiento, los restos se conservan en muy buenas condiciones en el lecho marino y hace parte de una unidad del hallazgo, que es mucho más que el oro y la plata que allí pueda encontrarse. Se trata de un todo, de un conjunto que componen los restos del galeón y su contenido.
El gobierno de entonces había contratado una APP con Maritime Archaeological Consultants (MAC), empresa que realizó la exploración inicial y se trasladó hasta el fondo marino para verificar que se tratara del galeón naufragado, con el apoyo de la Armada Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. La estructuración financiera de la APP contempla que los contratistas obtendrían parte de lo rescatado, como retribución, siempre y cuando no fuese patrimonio cultural. Resulta que en el año 2020, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural determinó que todo el galeón y su contenido, en forma inescindible, es patrimonio cultural de la nación. Así las cosas, desaparece la principal fuente de pago para el particular en la APP, lo cual torna absolutamente inviable la ejecución del contrato proyectado. Nadie va invertir en semejante aventura para no poder obtener remuneración alguna. Además, destinar piezas del pecio para pagar por su extracción sería contrario a la Constitución y a la ley e incluso, podría configurar algún delito. La única vía posible sería que el Estado contrate su recuperación, instalé el museo, con cargo a las arcas públicas, cuando sea fiscal y políticamente viable.
Pareciera que este es el epílogo de este nuevo capítulo que se escribe sobre la famosa embarcación y todo indica que, al menos por el momento, que el galeón San José continuará en la morada que ocupa desde hace trescientos años, en el lecho del mar.
