Alvaro Hernando Cardona González
En un artículo del docente e investigador Jorge Iván Hurtado Mora, que tituló Moratorias ambientales para superar en el nuevo Gobierno, publicado en Ámbito Jurídico (semanario especializado de Legis SA) se le ocurrió hacer una lista de los que en su criterio son los aspectos ambientales que el actual gobierno debe enfrentar.
El también excelente consultor y probable mayor experto jurídico en participación ciudadana sectorial de Colombia, reconoce que el ambiente es hoy un elemento que integra la estructura de un modelo político; es decir, es transversal en todos los ámbitos de interés del Estado. Lo compartimos, de hecho, creemos, como el también experto Leonel Vega, que el Plan Nacional de Desarrollo debería ser el Plan Nacional del Desarrollo Sostenible; aún más ahora que el actual Congreso de la República está ratificando el Acuerdo de Escazú (suscrito en Costa Rica) y uno de cuyos objetivos es justamente propender por este modelo.
En los espacios que el Diario del Huila nos presta cada ocho días, y sobre el planteamiento del profesor Hurtado Mora, vamos hacer nuestras propias propuestas.
1. Si para el actual gobierno de verdad, verdad, el ambiente natural tendrá sitio preponderante en su agenda, el nuevo plan de desarrollo debe estar basado en el desarrollo sostenible. Eso es respetar la Constitución Política que así lo consagra. El problema que encierra el desarrollo económico (que es el único que sacará de la pobreza a un importante sector de la población) enfrentado a la inevitable necesidad de hacer un uso racional del entorno natural, es transversal.
2. El investigador mencionado dice que hay que actualizar las políticas públicas ambientales. Creemos que ir más allá: no existe ni una política pública ambiental nacional marco (que recoja los lineamientos nacionales de los principios listados en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993), ni unas políticas sub-sectoriales en muchos casos y menos una armonía entre la primera y todas las últimas mencionadas. No puede seguirse confundiendo política pública, con normatividad ambiental. Estas políticas públicas además, deben ser revisadas por los institutos de investigación e información ambiental. Y sí, las políticas públicas existentes, deben ser revaluadas dada las nuevas realidades. La mayor sugerencia nuestra es que estas políticas deben buscar garantizar sin dubitación el desarrollo sostenible y la prevención de los conflictos ambientales, a estos hay que buscarles ponerles “punto final”. ¿Queremos la paz auténtica? Pues el sector debe hallar como prevenir o evitar, más que resolver, sus conflictos. El Acuerdo de Escazú no puede ser sólo exhortaciones, se requiere bajar el nivel y cantidad de conflicto ambiental.
Seguiremos nuestros comentarios la semana entrante.
